Las organizaciones sindicales de Quilmes, Berazategui y Varela denunciaron que el proyecto impulsado por el gobierno nacional no busca modernizar el trabajo sino desmantelar derechos, destruir la negociación colectiva y disciplinar al sindicalismo.

Las 62 Organizaciones Peronistas de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela expresaron su rechazo total y absoluto al proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno nacional y advirtieron que se trata de uno de los ataques más profundos y sistemáticos contra el movimiento obrero organizado desde la recuperación democrática. En una declaración difundida tras un encuentro de emergencia, las organizaciones sindicales alertaron que la iniciativa en discusión en el Congreso no apunta a generar empleo ni mejorar condiciones laborales, sino a desarticular las herramientas históricas de defensa de los trabajadores.

El documento señala que el proyecto, presentado en diciembre de 2025 y con tratamiento previsto en sesiones extraordinarias del Senado, constituye un plan de demolición del sistema sindical argentino. Lejos de una supuesta “modernización”, la reforma propone cambios estructurales que debilitan la negociación colectiva por actividad, fragmentan la representación gremial y promueven relaciones laborales individualizadas, favoreciendo el poder de las empresas frente a trabajadores cada vez más precarizados.

Uno de los puntos más críticos denunciados por las 62 Organizaciones es el ataque directo a la negociación colectiva y la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Según explicaron, esta medida implica borrar de un plumazo décadas de conquistas laborales, obligando a los sindicatos a renegociar desde cero derechos ya adquiridos como licencias, adicionales salariales, presentismo y horas gremiales, en un contexto de profunda desigualdad entre las partes.

La declaración también advierte que el proyecto impulsa la proliferación de sindicatos de empresa, una estrategia orientada a fragmentar la organización colectiva y a imponer negociaciones a la baja en ámbitos reducidos y aislados. Para las organizaciones peronistas, este esquema busca debilitar el poder del movimiento obrero, romper la solidaridad entre trabajadores y consolidar un modelo laboral regresivo, funcional a los intereses del capital concentrado.

Otro eje central del rechazo es la criminalización del derecho de huelga. Las 62 Organizaciones denunciaron que la reforma establece requisitos, procedimientos y sanciones que hacen prácticamente imposible el ejercicio efectivo de este derecho constitucional. Multas económicas desproporcionadas, inhabilitaciones de delegados e incluso posibles responsabilidades penales para dirigentes sindicales configuran, según el documento, un escenario de disciplinamiento y persecución de la protesta laboral.

El texto alerta además sobre un proceso deliberado de asfixia financiera de los sindicatos, mediante la eliminación o debilitamiento de los mecanismos de retención de cuotas, la facilitación de desafiliaciones masivas y la reducción de aportes solidarios. El objetivo, sostienen, es vaciar de recursos a las organizaciones gremiales para impedir su funcionamiento, cerrar delegaciones y desarticular su capacidad de representación y defensa.

Las organizaciones sindicales también cuestionaron el intento de desmantelar la Justicia del Trabajo especializada, a la que describen como un dique de contención frente al avance de políticas regresivas. La reforma, señalaron, busca erosionar la independencia judicial y limitar el acceso de los trabajadores a un fuero históricamente protector de los derechos laborales.

En la misma línea, el documento advierte sobre el impacto negativo que tendrá la reforma en las obras sociales sindicales, que garantizan la atención de salud de millones de trabajadores y sus familias. A través de mecanismos de desfinanciamiento y privatización encubierta, el proyecto pone en riesgo un sistema solidario construido durante décadas.

Las 62 Organizaciones Peronistas subrayaron que la reforma es incompatible con los principios fundacionales del justicialismo y recordaron la doctrina de Juan Domingo Perón, quien sostenía que solo el pueblo organizado puede enfrentar al capital organizado. En contraposición, afirmaron que el proyecto oficial apunta a desorganizar al pueblo trabajador y dejarlo indefenso frente al poder económico.

En el plano territorial, las organizaciones alertaron que el impacto en la zona sur del conurbano bonaerense será especialmente grave. Miles de trabajadores metalúrgicos, textiles, de la alimentación, del transporte, la construcción, el comercio y los servicios verán amenazadas sus fuentes de trabajo y sus derechos históricos en distritos con fuerte tradición industrial y sindical.

Finalmente, la declaración convoca a la unidad de todo el movimiento obrero y a un estado de alerta y movilización permanente. Las organizaciones exigieron a los legisladores nacionales que se reivindican peronistas que rechacen íntegramente el proyecto y llamaron a las autoridades municipales y concejos deliberantes de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela a pronunciarse públicamente contra una reforma que, aseguran, profundiza la desigualdad y consolida un modelo de exclusión social.