En el corazón de la Patagonia cercada por el capital extranjero, el pueblo volvió a romper el cerco de la impunidad. La Marcha por la Soberanía al Lago Escondido no fue una caminata simbólica: fue una denuncia frontal contra la entrega del territorio, la privatización del agua y la complicidad del poder político-judicial con los dueños del saqueo. Frente al ajuste, los incendios y la expulsión de las comunidades, la militancia plantó una bandera clara: la patria no se vende, se defiende.

La novena edición de la Marcha por la Soberanía al Lago Escondido comenzó a principios de febrero en la Patagonia argentina, convocada por la Columna Juana Azurduy junto a organizaciones sociales, sindicales, políticas y ambientales. El reclamo central vuelve a ser el derecho de acceso público al Lago Escondido y la denuncia de la extranjerización y apropiación privada de tierras en la región cordillerana de Río Negro.

Organizadores y manifestantes definen la acción como una expedición de reafirmación de la soberanía nacional y un pronunciamiento político frente a lo que caracterizan como políticas de “entrega del territorio”. Desde 2017, la marcha adopta un formato itinerante que reúne militantes y activistas de distintos puntos del país con el objetivo de llegar al espejo de agua cuyo acceso permanece, en los hechos, bloqueado por la propiedad del magnate británico Joe Lewis.
Entre las presencias destacadas de esta edición se cuentan el médico sanitarista y dirigente político Dr. Jorge Rachid, militantes de ATE y de la CTA, integrantes de la FIPCA (Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua), encabezados por Julio César Urien, además de referentes y columnas de diversas organizaciones sociales y políticas que confluyen en la movilización.

Voceros de la columna marchante señalaron que la movilización se desarrolla “en solidaridad con el pueblo argentino afectado por los incendios, contra la extranjerización del territorio y por la defensa de los bienes comunes naturales”. En ese marco, Alejandro “Vikingo” Meyer, referente de la Columna Juana Azurduy, explicó que el grupo avanza por zonas de montaña hasta el último refugio habilitado en el trayecto hacia el lago, en un recorrido que funciona tanto como desafío físico como gesto político de persistencia en la lucha por el acceso al agua y al territorio.

Participan activistas, organizaciones sociales y gremios de unas 17 provincias, lo que convierte a la protesta en una de las movilizaciones territoriales más amplias de los últimos años en defensa de los bienes naturales y contra políticas que, según denuncian, favorecen la concentración de la tierra en pocas manos.
La edición 2026 se desarrolla, además, en un contexto marcado por los incendios forestales en la Patagonia. Los convocantes incorporaron esta problemática a sus consignas y la vinculan, entre otros factores, con recortes presupuestarios en organismos de manejo del fuego y con políticas públicas que —sostienen— priorizan intereses económicos por sobre la protección ambiental. De este modo, la marcha trasciende el reclamo histórico por el acceso al lago y se inscribe en una disputa más amplia por el cuidado de los territorios y los recursos estratégicos.

El conflicto por el Lago Escondido acumula décadas de controversias políticas y judiciales. En Río Negro y en tribunales federales existen resoluciones que ordenan garantizar el acceso público al lago, aunque la entrada más directa continúa obstruida en la práctica. En paralelo, el Gobierno nacional inició recientemente acciones legales contra Joe Lewis para anular autorizaciones de compra de tierras que, según fuentes oficiales, resultan lesivas al interés general.
A estas tensiones se suman las causas judiciales vinculadas a reuniones entre jueces y dirigentes políticos en la mansión del magnate en la Patagonia, que reavivaron la polémica pública en torno a posibles dádivas, conflictos de intereses e intentos de frenar investigaciones. Para los marchantes, estos episodios refuerzan la idea de que la disputa por el territorio no es solo geográfica, sino también política e institucional.

Con el paso de los años, la Marcha por la Soberanía al Lago Escondido se consolidó como un símbolo de resistencia territorial en la Patagonia. En cada edición confluyen demandas por el acceso al agua, la defensa de los bienes comunes y la denuncia de la apropiación privada de recursos estratégicos. En 2026, atravesada por la emergencia ambiental y la reactivación de causas judiciales, la movilización aparece como un posible punto de inflexión en el debate público sobre soberanía, derechos ambientales y control social del territorio en el sur argentino.