El gobierno pidió a la Corte Interamericana que se le quite la prisión domiciliaria a la dirigente de la Tupac Amaru, pese a que ya cumplió más de dos tercios de una condena cuestionada a nivel internacional. Una ofensiva que reactualiza el lawfare y la criminalización de la militancia popular.

El gobierno de Javier Milei volvió a activar el dispositivo de persecución contra Milagro Sala. A través del Ministerio de Justicia, la Casa Rosada solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se deje sin efecto la prisión domiciliaria que rige sobre la dirigente social jujeña desde 2017 y que sea trasladada a una cárcel común, en un movimiento que consolida el desprecio oficial por los estándares internacionales y profundiza una política de crueldad como marca de época.

La maniobra no es nueva ni inocente. El propio Estado argentino ya había intentado, sin éxito, retirar las medidas provisionales dictadas por el sistema interamericano, que fueron establecidas para resguardar la integridad física y psíquica de Sala frente a un contexto de hostigamiento judicial, amenazas y condiciones de detención incompatibles con cualquier noción mínima de derechos humanos. El relanzamiento del pedido tiene un único objetivo: volver a instalar a Milagro como trofeo de guerra ante una base política que exige castigo y escarmiento.

Milagro Sala lleva más de diez años privada de su libertad como consecuencia de un proceso judicial nacido al calor del poder político jujeño, bajo el gobierno de Gerardo Morales, y sostenido por un entramado judicial que convirtió la persecución política en expediente penal. Su encarcelamiento inauguró en la Argentina una etapa de lawfare explícito, donde la justicia dejó de ser un poder independiente para transformarse en herramienta de disciplinamiento.

Desde su defensa advirtieron que el anuncio oficial busca fabricar una noticia para hacer política con el sufrimiento de una persona presa. La abogada Elizabeth Gómez Alcorta, integrante del equipo jurídico de Sala, recordó que el pedido ya había sido presentado hace más de un año y sostuvo que su difusión pública sólo persigue efectos mediáticos y simbólicos, en una lógica de revancha.

La magíster en criminología Claudia Cesaroni fue aún más contundente y calificó el planteo del Ministerio como una “infamia”. Señaló que Sala ya cumplió más de dos tercios de una condena de quince años, lo que, de acuerdo con la legislación argentina, la habilita a acceder a la libertad condicional. Sin embargo, el Gobierno elige omitir ese dato y presentarla como destinataria de supuestos privilegios, cuando en realidad se trata de una persona a la que se le niegan derechos elementales.

La prisión domiciliaria de Milagro Sala no es un beneficio gracioso. Es una medida humanitaria dispuesta por organismos internacionales ante el riesgo concreto que implicaba su alojamiento en una cárcel común. Pretender eliminarla equivale a desconocer compromisos asumidos por el Estado argentino y a profundizar el desacato frente al sistema interamericano de derechos humanos.

La ofensiva contra Milagro se inscribe en un proyecto político que necesita enemigos internos para sostener un programa de ajuste salvaje, transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados y demolición del Estado. Criminalizar a una dirigente popular, indígena, mujer y pobre no es un exceso: es parte constitutiva de ese modelo.

Mientras el gobierno habla de libertad, insiste en mantener presa a una dirigente social que ya debería estar en su casa, en la calle y en la militancia. La libertad de Milagro Sala no es una consigna del pasado: es una deuda vigente de la democracia y una frontera ética que separa a quienes defienden los derechos humanos de quienes hacen del castigo su única política.