Mientras el Gobierno espera un IPC “amigable”, un informe privado advierte que la suba real de precios rondó el 3,1% y señala un riesgo concreto de subestimación estadística por el atraso deliberado en la actualización de la canasta del INDEC.

La inflación de enero de 2026 habría cerrado en torno al 3,1%, de acuerdo a una estimación elaborada por la consultora Sigma Global, un número que contrasta con las expectativas oficiales y del mercado, que apuestan a un índice sensiblemente menor. Lejos de tratarse de una disputa técnica menor, el dato vuelve a poner en el centro del debate la representatividad del IPC que publica el INDEC y la decisión política del Gobierno de postergar la actualización de las ponderaciones que reflejan el consumo real de los hogares argentinos, en un contexto de fuerte ajuste y deterioro del poder adquisitivo.

Según el informe, el nivel de inflación estimado para enero es consistente con la dinámica observada en tres grandes bloques que explican la evolución de los precios: el núcleo, los regulados y los estacionales. Mientras algunos relevamientos semanales de alimentos mostraron cierta moderación, el comportamiento de los servicios, las tarifas y los rubros típicamente asociados al inicio del año ejercieron una presión significativa sobre el gasto cotidiano, que no siempre queda reflejada en mediciones parciales centradas exclusivamente en supermercados.

El arranque de 2026 estuvo marcado por una batería de aumentos que impactaron de manera directa en los presupuestos familiares. Las cuotas de la medicina prepaga registraron subas promedio cercanas al 2,5%, el transporte en el AMBA volvió a ajustarse bajo esquemas automáticos atados a la inflación, los servicios públicos incorporaron incrementos en gas, electricidad y agua, y la Verificación Técnica Vehicular aplicó un salto superior al 20% en plena segunda quincena de enero. A eso se sumaron los contratos de alquiler que aún ajustan por el Índice de Contratos de Locación, con actualizaciones que superaron holgadamente el 36%, profundizando el estrés sobre los ingresos fijos.

En paralelo, enero es históricamente un mes con fuerte componente estacional, donde turismo, hotelería, gastronomía y recreación empujan el índice general por encima de meses considerados “neutros”. Ese fenómeno, habitual pero muchas veces invisibilizado en el debate público, refuerza la idea de que una inflación por encima del 3% resulta plenamente compatible con la experiencia concreta de los hogares, aun cuando algunos precios de alimentos hayan mostrado desaceleraciones puntuales.

El núcleo del problema, sin embargo, no reside únicamente en el número final que difundirá el INDEC, sino en el marco metodológico en el que ese dato se construye. El Gobierno decidió postergar la implementación de una canasta actualizada basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017–2018, una modificación que otorgaría mayor peso relativo a los servicios y tarifas, rubros que vienen creciendo por encima del promedio. Mantener ponderaciones desactualizadas implica, en los hechos, un sesgo estadístico que tiende a subestimar la inflación real en un contexto de recomposición de precios relativos.

La diferencia no es abstracta ni académica. Con una metodología más representativa del consumo actual, enero podría haber arrojado una inflación cercana al 3,2%, frente a registros significativamente más bajos bajo el esquema vigente. Esa brecha explica por qué el dato oficial podría ubicarse por debajo de la percepción social y por qué el Gobierno necesita mostrar una inflación en descenso para sostener un relato de éxito en medio del ajuste más profundo desde la recuperación democrática.

El propio Banco Central, a través del último Relevamiento de Expectativas de Mercado, había recogido proyecciones cercanas al 2% para enero, lo que anticipa un escenario de sorpresa y controversia si el índice se acerca más a las estimaciones privadas que al consenso oficial. En ese contexto, la discusión deja de ser meramente económica y adquiere una dimensión política: qué se mide, cómo se mide y para qué se mide, en un país donde la inflación sigue siendo una variable central de la vida cotidiana.

De cara a la publicación del dato oficial, lo que está en juego no es solo la cifra puntual de enero, sino la credibilidad del sistema estadístico y la decisión del Gobierno de administrar la inflación también desde el terreno simbólico. Si el IPC vuelve a ubicarse artificialmente por debajo de la dinámica real de precios, la pregunta inevitable será cuánto de ese resultado responde a una mejora efectiva y cuánto a una estrategia de maquillaje estadístico funcional a un proyecto que ajusta ingresos, licúa derechos y necesita, al mismo tiempo, exhibir números que no cierren con la realidad social.