La central obrera repudió la detención y expulsión arbitraria de un dirigente sindical de la CSA en el aeropuerto de Panamá y advirtió que se trata de un grave antecedente contra el diálogo social, los convenios de la OIT y la democracia en la región.

La Confederación General del Trabajo denunció un grave ataque a la libertad sindical y al diálogo social en Panamá tras la detención y posterior expulsión del dirigente sindical Marcelo Di Stefano, secretario de Fortalecimiento y Organización Sindical de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. El hecho ocurrió el 1° de febrero de 2026 en el aeropuerto internacional panameño, donde Di Stefano fue retenido sin explicaciones oficiales y obligado a abandonar el país, en una decisión que la CGT calificó como arbitraria y violatoria de normas internacionales.

El dirigente integraba una delegación sindical internacional que había viajado a Panamá para participar, entre el 2 y el 4 de febrero, del Seminario de Fortalecimiento Sindical, una actividad que reunía a sindicatos globales y organizaciones sindicales de Europa y América en el marco de una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo. La misión, de carácter tripartito, incluía la participación de representantes de los trabajadores, los empleadores y el gobierno panameño, lo que agrava aún más la decisión de las autoridades migratorias.

Desde la CGT advirtieron que el accionar del gobierno de Panamá constituye un agravio institucional de extrema gravedad, ya que vulnera principios democráticos básicos, desconoce el diálogo social tripartito y viola los convenios internacionales del trabajo ratificados por ese país. La central obrera señaló que la expulsión de Di Stefano no solo afecta a una persona en particular, sino que representa un ataque directo al sindicalismo internacional y a la propia OIT, que viene promoviendo espacios de cooperación y fortalecimiento institucional en la región.

La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas exigió explicaciones inmediatas y públicas por parte del gobierno panameño y, en particular, del Ministerio de Trabajo, además del cese de toda práctica de hostigamiento, criminalización o restricción contra la acción sindical nacional e internacional. Para las organizaciones sindicales, el episodio se inscribe en un clima regional cada vez más adverso para los derechos laborales y la participación democrática de los trabajadores.

Ante estos hechos, la CGT expresó su respaldo al estado de alerta permanente declarado por la CSA y ratificó su apoyo al sindicalismo internacional frente a lo que definió como un ataque directo a la libertad sindical, al diálogo social y a la democracia en las Américas. En el comunicado, firmado por el Consejo Directivo Nacional, la central obrera advirtió que no se trata de un hecho aislado, sino de una señal preocupante en un contexto continental marcado por el avance de políticas regresivas y autoritarias.

La denuncia de la CGT se suma a una serie de pronunciamientos de organizaciones sindicales que alertan sobre el retroceso de derechos laborales y democráticos en distintos países de la región, y refuerza la necesidad de una respuesta colectiva frente a prácticas que buscan disciplinar y silenciar la voz organizada de los trabajadores.