Más de 500 intendentes advierten que el proyecto oficial no crea empleo, profundiza la precarización del trabajo y debilita el federalismo al recortar recursos clave para provincias y municipios, con consecuencias directas sobre la vida cotidiana de millones de argentinos.

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei representa un regreso a esquemas sociales y productivos propios de la Argentina de principios del siglo XX, lejos de cualquier idea de modernización. Así lo advierte la Federación Argentina de Municipios, que reúne a más de 500 intendentes de todo el país, al señalar que la iniciativa no promueve la creación de empleo genuino, acelera despidos, deteriora las relaciones laborales y reduce la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos que el mercado no cubre. En un contexto de ajuste fiscal, caída del consumo y parálisis de la obra pública, la FAM sostiene que el proyecto oficial profundiza una crisis social que ya se expresa con fuerza en los territorios.

Desde la mirada de los gobiernos locales, la propuesta del Ejecutivo nacional reedita experiencias ya conocidas y ampliamente cuestionadas. La federación recuerda que un proyecto de características similares fue aplicado hace 25 años, durante el gobierno de la Alianza, en una reforma que quedó asociada a la llamada Ley Banelco y a denuncias de corrupción en el Congreso. Aquella iniciativa, lejos de dinamizar el empleo, destruyó puestos de trabajo formales y consolidó la precarización laboral, con un impacto negativo que demandó años de recuperación. Para los intendentes, la historia vuelve a repetirse bajo un nuevo discurso, pero con las mismas recetas y consecuencias.

El proyecto de Milei avanza sobre derechos laborales básicos al promover esquemas de contratación más frágiles, recortar indemnizaciones, extender jornadas de trabajo y reducir tiempos de descanso y vacaciones. Según la FAM, este conjunto de medidas configura una degradación profunda de las condiciones de trabajo, con salarios a la baja y una relación laboral cada vez más desequilibrada en favor de los empleadores. Lejos de adaptarse a los estándares internacionales de desarrollo, la reforma empuja a la Argentina hacia un modelo de hiperprecarización que afecta especialmente a jóvenes y trabajadores con menor poder de negociación.

Las consecuencias trascienden el ámbito laboral y se proyectan sobre toda la estructura económica y social. Una menor masa salarial formal implica menos consumo, más inestabilidad y un freno generalizado de la actividad económica, lo que golpea de lleno a las economías regionales. En ese escenario, provincias y municipios ven erosionados sus ingresos y su capacidad de sostener servicios esenciales como salud, educación, seguridad, transporte, infraestructura vial y políticas de acceso a la vivienda. Para la FAM, el ajuste no es abstracto: se traduce en menos recursos para atender demandas concretas de la población.

Otro de los puntos críticos señalados por la federación es el impacto de la reforma sobre el federalismo. Al modificar la estructura tributaria y promover formas de remuneración no registradas, el proyecto reduce aportes y contribuciones que sostienen la coparticipación y los sistemas de seguridad social. Esto debilita el principio constitucional de distribución de recursos y compromete el financiamiento de jubilaciones, medicamentos y coberturas básicas. En los hechos, advierten los intendentes, se consolida un esquema donde el Estado se retira y deja en manos del mercado áreas que resultan inaccesibles para la mayoría de la población.

La FAM subraya que el desarrollo económico no se construye con menos derechos ni con salarios deprimidos, sino con trabajo registrado, reglas claras, industria nacional y valor agregado en origen. El camino que propone el gobierno nacional, basado en la especulación financiera y la desregulación extrema, va en sentido contrario a esas premisas y amenaza con profundizar la desigualdad social. Para los municipios, que son la primera trinchera del Estado frente a las necesidades cotidianas, el impacto de estas políticas ya es visible y anticipa un escenario aún más complejo.

Por estos motivos, la Federación Argentina de Municipios ratificó su rechazo a la reforma laboral y advirtió sobre las consecuencias sociales, económicas e institucionales que tendría su aprobación. En defensa de la dignidad del trabajo, del federalismo y de la justicia social, los intendentes anunciaron que se opondrán al proyecto con todas las herramientas democráticas disponibles, convencidos de que el futuro del país no puede construirse sobre el retroceso de derechos ni sobre el abandono de amplios sectores de la sociedad.