Un informe técnico elaborado por la Secretaría de Asuntos Fiscales de AEFIP advierte que el proyecto oficial implica una pérdida fiscal multimillonaria, con un impacto directo sobre jubilaciones, obras sociales y coparticipación federal, mientras consolida beneficios estructurales para los grandes empleadores y el capital concentrado.

El proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei configura un cambio estructural regresivo en el sistema de financiamiento del Estado, con un fuerte sesgo a favor de los grandes empleadores y en detrimento de la seguridad social, las provincias y los trabajadores. Así lo señala un informe técnico elaborado por la Secretaría de Asuntos Fiscales de AEFIP, el sindicato que nuclea a las y los trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que advierte sobre una pérdida fiscal anual de magnitud inédita y un impacto directo sobre jubilaciones, salud laboral y recursos coparticipables, en un contexto ya marcado por el ajuste y la recesión.

El núcleo del saqueo se concentra en la reducción de contribuciones patronales establecida en el artículo 163 del proyecto, que baja las alícuotas del 20,40 al 17,40 por ciento para el sector servicios y del 18 al 15 por ciento para el resto de los empleadores privados. Según el análisis de AEFIP, esta rebaja implica una transferencia directa de recursos desde la seguridad social hacia las empresas y afecta de manera simultánea a los cuatro subsistemas que dependen de esas contribuciones: el Sistema Integrado Previsional Argentino, el PAMI, el Fondo Nacional de Empleo y las asignaciones familiares. Lejos de incentivar empleo registrado, el esquema reproduce una lógica ya ensayada y fracasada de subsidios al capital sin correlato comprobable en términos de creación de trabajo.

A esta pérdida estructural se suma la creación del Fondo de Asistencia Laboral, financiado con tres puntos de la masa salarial que dejan de ingresar al SIPA para ser derivados a cuentas privadas administradas por entidades supervisadas por la Comisión Nacional de Valores. Aunque el gobierno presenta el mecanismo como neutral para el empleador, el informe técnico es concluyente: el efecto real es una nueva sangría de recursos previsionales que profundiza el desfinanciamiento del sistema público y consolida un proceso de privatización encubierta de derechos laborales, retomando esquemas ya conocidos de la década del noventa.

El proyecto avanza además sobre el sistema tributario con una reducción de tres puntos en el Impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades, lo que representa una baja del diez por ciento en las alícuotas de los tramos superiores. A esto se agrega la eliminación práctica del Impuesto Cedular, que grava rentas financieras de personas humanas, y la derogación parcial de Impuestos Internos que alcanzan a sectores de alta capacidad contributiva como seguros, telefonía celular, bienes suntuarios, vehículos de alta gama, embarcaciones y aeronaves. El resultado, advierte AEFIP, es una reconfiguración aún más regresiva del esquema impositivo, que descomprime la carga sobre el capital concentrado y reduce la capacidad del Estado para sostener políticas públicas básicas.

El impacto federal de la iniciativa es otro de los ejes centrales del informe. Al recortar la recaudación de Ganancias e Impuestos Internos, el proyecto afecta directamente la masa coparticipable, generando una pérdida estimada de más de 3,1 billones de pesos a distribuir entre las provincias. En un país atravesado por profundas desigualdades territoriales, la medida implica un ajuste encubierto sobre las economías provinciales, que se suma al recorte de transferencias discrecionales, la paralización de la obra pública y la licuación del gasto social.

La reforma incluye además una rebaja de un punto en los aportes patronales destinados a las obras sociales, una decisión que no impacta directamente en la recaudación fiscal pero que amenaza con deteriorar gravemente el sistema de salud de los trabajadores. En un contexto de inflación persistente, aumento de los costos médicos y caída del salario real, la reducción de recursos anticipa un escenario de peores prestaciones, mayor exclusión y transferencia de costos hacia los propios afiliados.

Lejos de constituir una modernización, el proyecto de reforma laboral del gobierno de Milei reinstala una matriz conocida de ajuste, privatización y desprotección social. El informe elaborado por la Secretaría de Asuntos Fiscales de AEFIP expone con claridad que el supuesto orden fiscal se construye a partir del vaciamiento del sistema previsional, el debilitamiento del federalismo y una redistribución regresiva de los recursos públicos. En nombre de la eficiencia y la libertad de mercado, el Ejecutivo impulsa una transformación que compromete derechos adquiridos, erosiona la capacidad del Estado y profundiza un modelo de desigualdad estructural con consecuencias de largo plazo para la sociedad argentina.