Gremios de la CGT y las dos CTA conformaron el Frente de Sindicatos Unidos y acordaron movilizaciones en distintas provincias para culminar el 11 de febrero con una gran protesta frente al Congreso, cuando el Senado trataría el proyecto oficial.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un nuevo espacio que articula a gremios de la CGT y de las dos CTA, resolvió avanzar con un plan de lucha nacional contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, al considerar que el proyecto implica un retroceso histórico en materia de derechos y no deja margen alguno para la negociación. El esquema de acciones contempla movilizaciones en distintas provincias y tendrá su punto culminante el 11 de febrero con una gran concentración frente al Congreso, fecha prevista para el tratamiento de la iniciativa en el Senado.

El FreSU está integrado por cerca de medio centenar de organizaciones sindicales, entre ellas la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación de Aceiteros, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y La Fraternidad. Desde este nuevo espacio sostienen que ninguno de los artículos del proyecto oficial beneficia a los trabajadores y trabajadoras y que, por el contrario, consolida un modelo de precarización y pérdida de derechos.

En un documento difundido tras el encuentro realizado en la sede de la UOM, los sindicatos afirmaron que, por “la magnitud de los derechos que deroga, la extensión de los temas que abarca y la profundidad de los retrocesos que introduce”, la reforma laboral propuesta por el oficialismo “sólo es comparable con la implementada durante la dictadura cívico-militar de 1976”. La reunión volvió a tener como anfitrión a Abel Furlán, el titular de la UOM, quien viene reclamando públicamente una postura más firme de la conducción de la CGT frente al avance del proyecto libertario.

Aunque el FreSU no descarta en términos formales el diálogo, sus integrantes remarcan que no se puede negociar con un gobierno que, a su entender, no busca mejorar las condiciones de trabajo ni respetar los derechos laborales. En ese sentido, el documento es categórico al señalar que la reforma “no surge de un proceso de diálogo democrático ni de una discusión abierta con las trabajadoras y los trabajadores”, y advierte que el Ejecutivo pretende imponerla mediante “negociaciones a espaldas del pueblo trabajador”, con gobernadores dispuestos a intercambiar apoyos legislativos por beneficios coyunturales para sus provincias.

Para los gremios, la estrategia de la Casa Rosada constituye una maniobra política que “entrega derechos históricos a cambio de migajas” y compromete el futuro del trabajo en la Argentina. Bajo esa lectura, el encuentro de este miércoles resolvió iniciar un plan de acción que incluirá, en una primera etapa, movilizaciones en Córdoba y Santa Fe, previstas para el 5 y el 10 de febrero respectivamente. La elección de ambas provincias apunta a presionar a los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, quienes dejaron trascender algunas diferencias con el proyecto oficial.

La culminación del plan de lucha será la movilización frente al Congreso el 11 de febrero, día en el que el oficialismo confía en llevar al recinto del Senado el texto de la reforma. En ese marco, los trabajadores estatales que forman parte del FreSU anticiparon que impulsarán un paro general para acompañar la protesta.

“El proyecto no contiene ningún elemento que permita crear empleo, formalizar el trabajo o mejorar su calidad”, sostienen los sindicatos. Por el contrario, advierten que responde al modelo económico que promueve Milei, basado en salarios bajos, empleo precario y debilitamiento de la organización sindical, como condición para avanzar en el desguace y la privatización de empresas públicas y en el desmantelamiento del entramado productivo e industrial del país.

Con este escenario, la irrupción del FreSU abre un nuevo frente de conflicto sindical y deja planteado un interrogante central: cómo reaccionará la cúpula de la CGT, que hasta ahora apuesta al diálogo con gobernadores y legisladores, frente a esta demostración de autonomía y decisión de confrontar mediante la acción directa una de las reformas clave del gobierno libertario.