El pedido de informes apunta al ingreso sin información oficial de una aeronave estratégica estadounidense, en un contexto de intervención del puerto y creciente alineamiento del Gobierno con Washington.

La diputada nacional Agustina Propato, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo brinde explicaciones urgentes sobre el arribo de un avión militar de los Estados Unidos al Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” de Ushuaia, una operación realizada sin comunicación pública y bajo un fuerte operativo de seguridad.

La aeronave involucrada es un C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea estadounidense, utilizada habitualmente para el traslado de tropas y equipamiento militar estratégico. Hasta el momento, el Gobierno nacional no informó el objetivo del vuelo, el contenido de la carga ni las actividades desarrolladas por el personal extranjero durante su permanencia en territorio fueguino.

El hecho generó preocupación por haberse producido en simultáneo con la intervención del Puerto de Ushuaia, una medida dispuesta por el Ejecutivo que desplazó a la administración provincial y que fue cuestionada por su impacto sobre una infraestructura clave para el comercio, la defensa y la proyección antártica.

En los fundamentos del proyecto, Propato advirtió que el ingreso de fuerzas militares extranjeras sin autorización legislativa vulnera la Constitución Nacional y las leyes de Defensa. Señaló además que la falta de información oficial coloca a la Argentina en una situación de “grave vulnerabilidad” en materia de soberanía y control territorial.

La iniciativa parlamentaria solicita que se detalle si el Ministerio de Defensa tenía conocimiento previo del arribo, qué autoridades lo autorizaron, cuál fue el contenido de la carga transportada y si el Gobierno de Tierra del Fuego fue debidamente informado.

El texto también reclama precisiones sobre una eventual vinculación del vuelo con las negociaciones impulsadas por la gestión de Javier Milei para avanzar en una base militar conjunta con el Comando Sur de los Estados Unidos, una iniciativa que no cuenta con aval del Congreso y que generó rechazo político y social.

Ushuaia ocupa un lugar estratégico en la defensa del Atlántico Sur, la disputa por las Islas Malvinas y la proyección hacia la Antártida. En ese escenario, la presencia de personal y equipamiento militar extranjero sin información pública adquiere una gravedad institucional adicional.

Mientras el Gobierno evita dar explicaciones, el episodio vuelve a poner en discusión el rumbo de la política de defensa nacional y el alcance de las decisiones estratégicas adoptadas sin control parlamentario en una de las regiones más sensibles del país.