Mientras el fuego avanza sobre el sur del país, la emergencia ambiental vuelve a cruzarse con las decisiones políticas del Gobierno nacional y el comportamiento de sus aliados parlamentarios.

En medio de los incendios forestales que ya arrasaron más de 30 mil hectáreas en Chubut y otras provincias patagónicas, la Unión Cívica Radical denunció que el Gobierno nacional ejecutó apenas el 25 % de los fondos asignados al Plan Nacional de Manejo del Fuego y presentó un proyecto para incorporar la figura del ecocidio al Código Penal. La iniciativa llega de la mano de un partido cuyos representantes en el Congreso acompañan casi sin fisuras —en la enorme mayoría de las votaciones— todas las decisiones del gobierno de Javier Milei, lo que abre el interrogante sobre si se trata del inicio de una ruptura política o simplemente de un gesto demagógico del radicalismo frente a una tragedia imposible de ocultar.

Los incendios mantienen focos activos en distintos puntos de la Patagonia, obligaron a evacuaciones preventivas y dejaron a comunidades rurales enteras bajo amenaza. Brigadistas, bomberos voluntarios y equipos provinciales trabajan en condiciones extremas, mientras la respuesta del Estado nacional quedó marcada por la falta de recursos, demoras operativas y una planificación prácticamente inexistente.

Según denunció la UCR, cerca de 20 mil millones de pesos del presupuesto previsto para el Plan Nacional de Manejo del Fuego no fueron ejecutados. Esos fondos estaban destinados a prevención, logística aérea, equipamiento, capacitación y asistencia directa a las provincias, áreas clave en un contexto de crisis climática que vuelve cada temporada más frecuentes y devastadores los incendios forestales.

En paralelo, el radicalismo impulsa un proyecto para tipificar el ecocidio dentro del Código Penal. La iniciativa propone penas de cinco a quince años de prisión e inhabilitación especial para quienes provoquen incendios intencionales u otros daños ambientales graves, con el objetivo de reconocer penalmente la destrucción masiva del ambiente como un delito autónomo y de alto impacto social.

El debate no es nuevo, pero la magnitud de los incendios volvió a ponerlo en agenda. En los últimos años, distintos organismos ambientales y especialistas advirtieron que el marco legal argentino resulta insuficiente frente a delitos ecológicos complejos, muchas veces vinculados a intereses económicos, especulación inmobiliaria y ausencia de controles estatales.

La denuncia radical se completa con una campaña solidaria para asistir a la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, que logró recaudar varios millones de pesos en pocos días. El gesto fue difundido con fuerza en redes sociales y presentado como una muestra de compromiso frente a la emergencia.

Sin embargo, la iniciativa convive con una contradicción difícil de eludir: mientras reclama fondos no ejecutados y cuestiona la política ambiental del Ejecutivo, la UCR continúa garantizando con sus votos el andamiaje legislativo del gobierno libertario, incluyendo leyes de ajuste, recortes presupuestarios y delegación de facultades que impactan de lleno en las capacidades del Estado para prevenir y enfrentar este tipo de catástrofes.

La pregunta que deja el avance del fuego no es solo ambiental, sino política. Si el radicalismo busca recuperar una tradición histórica vinculada al interés público y la defensa del patrimonio común, el desafío no pasa únicamente por proyectos o campañas solidarias, sino por decidir si seguirá legitimando en el Congreso a un gobierno que reduce el Estado mientras la Patagonia arde.