El gobierno libertario avanza con la designación de Bryan José Mayer en la Subsecretaría de Derechos Humanos, un gesto que no es solo cuestionable: es una señal preocupante sobre el rumbo de la política de memoria y justicia en Argentina.

Que un exmilitar y exfuncionario de Cambiemos, con historial de publicaciones celebrando el golpe de 1976 y descalificando la película Argentina, 1985, se ubique al frente de instituciones clave como el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio ESMA, bajo la órbita del CIPDH, evidencia un desprecio por los pilares mismos de la justicia transicional. La elección de Mayer, que actúa como mano derecha de Ana Mármora —abogada conocida por su activismo antiaborto y anti-derechos sociales—, no puede leerse como un error administrativo: es un acto deliberado que resignifica la memoria histórica en clave de revisionismo y simpatía militar.

Cinco relatores de la ONU ya habían advertido sobre su falta de formación en derechos humanos y sobre el riesgo de que sus declaraciones públicas desacrediten los procesos judiciales que condenaron a más de mil responsables de crímenes de lesa humanidad. La respuesta del Gobierno, amparándose en la libertad de expresión y justificando la transferencia del ANM y el Museo Sitio ESMA al CIPDH, es un intento débil de cubrir lo que en realidad es un retroceso: el blindaje institucional de funcionarios que actúan con una clara orientación política, cercana a Las Fuerzas del Cielo y a la campaña presidencial de Santiago Caputo.

Este nombramiento no es un hecho aislado: es un síntoma del proyecto libertario que, bajo la bandera de la independencia institucional, desmantela la autoridad ética de organismos de memoria y derechos humanos. Mayer no representa ni la memoria ni la justicia; representa un cambio de agenda donde la narrativa de la dictadura puede ser relativizada, y donde los pilares de la justicia transicional quedan subordinados a la política de poder.

El desafío para la sociedad y para los organismos de derechos humanos es enorme. Mientras Mayer se presenta en redes como jefe de gabinete y recibe felicitaciones, queda claro que la batalla por la memoria, la verdad y la justicia no se da solo en tribunales o archivos: se da también en los nombres que el Estado decide poner al frente de instituciones claves. Y en ese terreno, el Gobierno de Milei acaba de mover una ficha peligrosa.