La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires alertó que el decreto 941/2025 reforma de manera inconstitucional la Ley de Inteligencia, amplía el poder de los servicios sin control judicial y vulnera derechos fundamentales.

La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (AABA) solicitó formalmente al Congreso Nacional que rechace el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei introduce modificaciones sustanciales a la Ley de Inteligencia Nacional. Según advirtió la entidad, la norma viola la Constitución, debilita el sistema republicano y habilita prácticas propias de regímenes autoritarios.

El presidente de la AABA, Juan Pablo Zanetta, señaló que el decreto altera de forma profunda el Sistema de Inteligencia Nacional sin el debate parlamentario que exige la gravedad de los cambios propuestos. En particular, remarcó que el DNU amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado en detrimento de las libertades individuales y del control democrático sobre los organismos de seguridad.

Tras un análisis realizado por las Comisiones de Derecho Constitucional y de Política Criminal y Seguridad, la Asociación concluyó que el decreto excede claramente los límites establecidos por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. Desde la entidad sostienen que no existen circunstancias excepcionales que justifiquen el uso de un DNU para reformar una ley estructural, más aún cuando el Congreso se encuentra en funciones y puede tratar el tema por la vía ordinaria.

Uno de los puntos más graves señalados por la AABA es la habilitación para que personal de inteligencia pueda aprehender personas en el marco de “actividades de inteligencia” sin orden judicial. Para la Asociación, esta disposición no solo modifica de hecho los códigos procesales penales, sino que vulnera de manera directa la prohibición constitucional de regular materia penal mediante decretos del Poder Ejecutivo.

El pronunciamiento también advierte sobre la afectación del debido proceso y de garantías básicas consagradas en el artículo 18 de la Constitución, como la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia y la necesidad de orden judicial para cualquier privación de la libertad. En ese sentido, la AABA recordó que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido clara en exigir precisión y límites estrictos cuando se trata de facultades estatales que afectan la intimidad y los derechos personales.
Otro eje central de las críticas apunta al carácter de secreto generalizado que el decreto impone sobre las actividades de inteligencia. Al establecer que todas las acciones del sistema revisten carácter encubierto, el DNU, según la Asociación, vacía de contenido el control republicano y restringe de manera arbitraria el acceso a la información pública, en contradicción con estándares constitucionales ya fijados por la Corte.

En un tono especialmente crítico, Zanetta afirmó que la posibilidad de detener personas sin control judicial “atenta contra las libertades públicas y corroe el Estado de derecho”. Además, cuestionó la coherencia política del Gobierno al señalar que este tipo de atribuciones “son impropias de gobiernos liberales” y responden más bien a lógicas autoritarias. “No son compatibles con un sistema democrático ni con un presidente que cierra sus discursos invocando la libertad”, subrayó.

El pronunciamiento de la AABA se suma a una creciente preocupación de sectores jurídicos y de derechos humanos frente al avance del Poder Ejecutivo sobre atribuciones sensibles, en un contexto donde el uso sistemático de decretos y la concentración de poder vuelven a encender alarmas sobre la calidad institucional y las garantías constitucionales en la Argentina.