El retroceso de los capitales productivos expone la distancia entre la promesa oficial de atraer inversiones mediante el ajuste y la realidad económica que atraviesa la Argentina.

A dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, la caída sostenida de la inversión extranjera directa se consolidó como uno de los principales indicadores para evaluar el rumbo económico. Lejos de la narrativa oficial que prometía una llegada masiva de capitales como resultado de la desregulación, la apertura comercial y el achicamiento del Estado, los flujos de inversión muestran un comportamiento inverso, marcado por la retracción y la salida de recursos del país en un contexto de profunda recesión.

La política económica aplicada desde diciembre de 2023 tuvo como eje central el ajuste fiscal, la liberalización de precios, la eliminación de controles y la apertura irrestricta de importaciones. Estas medidas fueron presentadas como condiciones necesarias para recuperar la confianza de los mercados y generar previsibilidad. Sin embargo, el impacto inmediato fue una fuerte contracción del consumo, el deterioro del salario real, el aumento del desempleo y una caída sostenida de la actividad industrial, variables históricamente determinantes para cualquier proceso de inversión productiva.

Los registros del Banco Central de la República Argentina permiten dimensionar el fenómeno. Durante 2024 y el primer semestre de 2025, la inversión extranjera directa acumuló un saldo negativo superior a los 1.300 millones de dólares, aun después de la aprobación del DNU 70/23 y de la Ley Bases, señaladas por el propio Gobierno como herramientas clave para atraer capitales. El dato resulta significativo no solo por su magnitud, sino porque se produjo en un escenario de liberalización económica casi total.

El contraste con etapas anteriores es contundente. Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre 2007 y 2015 la Argentina recibió más de 29.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, con un promedio anual superior a los 3.600 millones. Aquellos flujos estuvieron asociados a un modelo económico basado en el fortalecimiento del mercado interno, el crecimiento del empleo y una política industrial activa que garantizaba demanda y estabilidad a los capitales productivos.

El giro iniciado en 2016 modificó estructuralmente esa dinámica. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la apertura financiera y el endeudamiento externo favorecieron el ingreso de capitales especulativos de corto plazo, mientras la inversión extranjera directa orientada a la producción se redujo de manera sostenida. El resultado fue un esquema de alta volatilidad que culminó con una fuerte salida de divisas y un debilitamiento profundo del entramado industrial.

El período comprendido entre 2019 y 2023 estuvo atravesado por la crisis heredada y el impacto de la pandemia, factores que condicionaron cualquier intento de recuperación estructural. Aun así, el país logró sostener niveles moderados de inversión extranjera directa, aunque sin capacidad suficiente para recomponer el tejido productivo dañado durante los años previos.

Con la actual administración, la tendencia regresiva se profundizó. Según datos del INDEC, durante 2024 la utilización de la capacidad instalada industrial cayó por debajo del 60 %, mientras la producción manufacturera y el empleo registraron descensos interanuales de dos dígitos. La paralización de la obra pública y la apertura indiscriminada de importaciones consolidaron un escenario que redujo aún más los incentivos para la inversión de largo plazo.

La experiencia reciente vuelve a confirmar una constante histórica: la inversión extranjera directa no responde al ajuste ni a la recesión, sino a la existencia de crecimiento económico, estabilidad social y mercado interno activo. Cuando la economía se contrae y el consumo se derrumba, el capital productivo no encuentra condiciones para permanecer.

Lejos de la prometida lluvia de inversiones, la caída de los flujos externos expone los límites del modelo libertario y reabre el debate sobre el rumbo económico, el rol del Estado y la necesidad de construir un proyecto productivo nacional capaz de sostener desarrollo, empleo y soberanía económica.