La reconfiguración de las ambiciones territoriales y geopolíticas en la política exterior estadounidense revela un proceso creciente de desprecio por la legalidad internacional y la institucionalidad democrática.

El renovado interés del gobierno de Donald Trump por la adquisición de Groenlandia y las advertencias dirigidas a diversos países tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro señalan una tendencia que va más allá del pragmatismo estratégico: la lógica del poder por el poder mismo. Tras la operación militar en Caracas que resultó en la detención de Maduro y su esposa, Trump lanzó advertencias contra Dinamarca, Colombia, Irán, México y Cuba, insistiendo en que Estados Unidos “necesita” Groenlandia por motivos de seguridad nacional y elevando la presión sobre aliados europeos para que cedan el control del territorio ártico.

Lejos de ser un planteo diplomático convencional, la insistencia sobre Groenlandia —un territorio autónomo danés que ha rechazado enérgicamente la idea de venta o anexión— muestra cómo la política exterior estadounidense bajo este gobierno ha ido transformándose en una mezcla de imperativo estratégico y voluntad hegemónica despojada de límites legales. El propio Trump ha llegado a afirmar que “si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán”, una justificación que invoca amenazas externas para legitimar un reclamo territorial que contraviene normas de soberanía ampliamente aceptadas en el derecho internacional.

Este enfoque se combina con una reinterpretación expansiva de la Doctrina Monroe, que en este contexto ha servido para justificar no solo la intervención en Venezuela sino también la presión sobre terceros Estados, con advertencias e implicaciones de sanciones o acciones unilaterales en múltiples frentes geopolíticos.

La idea de que la seguridad nacional puede redefinirse para justificar la apropiación de territorios o la injerencia directa en países soberanos representa un salto cualitativo en la narrativa de supremacía estadounidense. No son meras declaraciones aisladas: forman parte de un corpus de acciones y afirmaciones que desafían los principios de igualdad soberana entre Estados y la institucionalidad multilateral que surgió después de la Segunda Guerra Mundial.

Este patrón de conducta, en el que la fuerza y la coacción se normalizan como herramientas válidas para alcanzar fines estratégicos, no es ajeno a las derechas autoritarias que han ganado terreno en múltiples regiones del mundo. La apelación a la seguridad —sea nacional, hemisférica o global— como pretexto para transgredir normas jurídicas y glorificar la intervención unilateral coincide con discursos de supremacía y excepcionalismo que han reconfigurado el mapa de las relaciones internacionales contemporáneas.

El trasfondo ideológico que permite estas decisiones no surge de la nada. Se alimenta de una corriente de pensamiento que cuestiona los fundamentos mismos de la democracia liberal y reivindica el ejercicio del poder sin límites como una virtud en sí misma. Bajo esta lógica, la legalidad internacional, el respeto a la soberanía y la cooperación multilateral pasan a ser vistos como obstáculos para la realización de los intereses de dominación.

Este fenómeno no es solo estadounidense; es la manifestación de un giro global en las formas de ejercer la política exterior, donde las grandes potencias reinterpretan las reglas y ponen en cuestión los pilares de la gobernanza internacional. La consecuencia inmediata es una mayor volatilidad geopolítica, una erosión de las normas que regulan la convivencia entre Estados y un retroceso preocupante en el respeto por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

Ante este escenario, resulta indispensable comprender cuán lejos pueden llegar las reinterpretaciones del poder cuando se normaliza la transgresión de normas y se legitima la utilización de la fuerza en nombre de imperativos estratégicos.