A pesar de su éxito en sectores clave como la tecnología nuclear y aeroespacial, el gobierno de Milei avanza con la privatización de INVAP, una empresa estatal que, lejos de ser deficitaria, es un modelo de autogestión y soberanía tecnológica.
NVAP SE, la empresa estatal con sede en Río Negro, ha sido un pilar de la ciencia y la tecnología argentina desde su creación en 1976. Especializada en proyectos estratégicos como la energía nuclear, la tecnología aeroespacial y la medicina, la empresa no solo ha posicionado a Argentina en el mapa internacional, sino que ha forjado alianzas con organismos de prestigio como la NASA y la OIEA, exportando productos clave como satélites y radares. Sin embargo, a pesar de su rentabilidad y trascendencia, el gobierno de Javier Milei parece decidido a privatizarla, socavando su potencial para el desarrollo nacional.
A través del Decreto 70/2023, que establece la obligatoriedad de convertir a todas las empresas con participación estatal en sociedades anónimas, el gobierno busca abrir las puertas a la inversión privada, sin importar el costo estratégico. INVAP, actualmente una Sociedad del Estado, se encuentra en proceso de transformación hacia una Sociedad Anónima Unipersonal, lo que allana el terreno para la privatización de una de las empresas más rentables del país. Esta decisión, lejos de estar motivada por un fracaso económico, obedece a una ideología que busca reducir el rol del Estado, sin importar las consecuencias a largo plazo para la soberanía tecnológica de Argentina.
El caso de INVAP resulta particularmente insostenible para la narrativa oficial, que intenta justificar la privatización como una medida para "combatir la corrupción" y "mejorar la eficiencia". Sin embargo, los números hablan por sí mismos: en el último año fiscal, INVAP registró ventas por más de $230.000 millones, con un patrimonio neto de $100.000 millones. La empresa no depende de subsidios, y su modelo de autogestión la convierte en un ejemplo de rentabilidad, eficiencia y capacidad técnica. No hay ninguna justificación económica que respalde su privatización; más bien, se trata de una decisión política que obedece a los intereses de reducir la presencia estatal en sectores estratégicos, en un contexto en el que la soberanía tecnológica se vuelve cada vez más crucial.
La privatización de INVAP no solo implicaría la pérdida de un actor clave para la innovación nacional, sino que también abriría las puertas a la dependencia externa en áreas fundamentales como la fabricación de reactores nucleares, satélites y radares. La pérdida de control sobre estos recursos estratégicos sería un golpe letal a la autonomía tecnológica de Argentina, con el peligro adicional de que empresas extranjeras, en lugar de contribuir al desarrollo local, se lleven los beneficios generados por estos productos al exterior.
Además, el proceso de transformación a Sociedad Anónima Unipersonal, lejos de ser "estructural" como sostienen desde el gobierno y el directorio de INVAP, es una maniobra clara para privatizar una empresa exitosa que podría seguir siendo un pilar de la soberanía tecnológica argentina. La exdirectora de INVAP, Adriana Serquis, ha denunciado esta estrategia como un intento de desmantelar la autonomía de la empresa, en un contexto de creciente apertura a la inversión extranjera que termina favoreciendo a las multinacionales, en detrimento de la producción nacional.
En lugar de fomentar el fortalecimiento de empresas estratégicas como INVAP, el gobierno de Milei parece optar por un camino peligroso, que amenaza con poner en riesgo tanto la soberanía tecnológica como la capacidad del país de seguir siendo un jugador relevante en la producción de tecnología avanzada. . La privatización de INVAP no es solo una mala decisión económica, sino un acto que socava los intereses nacionales a favor de un modelo económico que prioriza la apertura indiscriminada al capital privado y extranjero.