La dirigente social jujeña permanece detenida desde enero de 2016 en una causa cuestionada por organismos internacionales y convertida en uno de los casos más graves de persecución judicial desde el regreso de la democracia.

Este 16 de enero se cumplen diez años de la detención de Milagro Sala, fundadora y principal referente de la Organización Barrial Túpac Amaru, arrestada en la provincia de Jujuy y sometida desde entonces a un régimen judicial denunciado como ilegal y arbitrario por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Su encarcelamiento se produjo pocas semanas después de la asunción de Gerardo Morales como gobernador y del inicio del gobierno de Mauricio Macri, en un contexto político marcado por la reorganización del poder judicial y el avance de una estrategia de disciplinamiento contra dirigentes sociales y opositores políticos.

La detención se originó a partir de una protesta social frente a la Casa de Gobierno jujeña, pese a que la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados al derecho argentino garantizan el derecho a la manifestación. Con el correr de los meses, se acumularon causas penales caracterizadas por irregularidades procesales, utilización extensiva de la prisión preventiva y denuncias de manipulación de testigos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas reclamaron en reiteradas oportunidades la liberación de Sala, resoluciones que el Estado argentino incumplió de manera sostenida.

Milagro Sala es una de las figuras centrales de la experiencia organizativa más importante que tuvo Jujuy en las últimas décadas. La Organización Barrial Túpac Amaru, creada en 1992, surgió con el objetivo de dar respuesta a necesidades básicas de los sectores populares y se transformó con el tiempo en un entramado social de alcance masivo. Para 2009 contaba con cerca de 70.000 afiliados y había impulsado un modelo de desarrollo comunitario basado en el trabajo, la vivienda y la inclusión social.

A través de cooperativas, la organización construyó más de 8.000 viviendas, generó alrededor de 4.500 puestos de trabajo y puso en funcionamiento fábricas de ladrillos, talleres metalúrgicos y textiles. Además, edificó y gestionó escuelas primarias, secundarias y terciarias, centros de formación profesional, espacios de salud con atención especializada para personas con discapacidad y complejos recreativos con infraestructura deportiva. Este modelo integral de urbanización popular fue reconocido en ámbitos internacionales vinculados al derecho al hábitat.

La llegada de Morales al gobierno provincial implicó el desmantelamiento de ese entramado social y el inicio de una ofensiva política y judicial que tuvo a Sala como objetivo principal. Su caso se convirtió en uno de los símbolos del lawfare en la Argentina, una práctica que durante esos años se extendió en América Latina y alcanzó a líderes políticos como Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia.

Durante la década que lleva detenida, Sala debió atravesar además la muerte de su hijo Sergio y la de su compañero de vida, Raúl Noro, sin que el sistema judicial garantizara adecuadamente su derecho a la salud ni atendiera las recomendaciones médicas presentadas por su defensa. Las denuncias por hostigamiento, restricciones arbitrarias y control permanente continúan hasta el presente.

A diez años de su encarcelamiento, el caso de Milagro Sala permanece como una herida abierta en la democracia argentina. No se trata únicamente de la situación de una dirigente social, sino de la consolidación de un esquema judicial que criminaliza la protesta, castiga la organización popular y utiliza el poder punitivo del Estado como herramienta de persecución política. Su prisión continúa siendo una señal de alarma sobre los límites reales del Estado de derecho cuando la justicia deja de garantizar derechos y se convierte en un instrumento de disciplinamiento.