La investigación judicial continúa formalmente abierta, sin pruebas que acrediten un homicidio, mientras el poder mediático y judicial insiste en sostener un relato construido contra el campo nacional y popular.

Once años después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la causa judicial permanece formalmente abierta pero sin avances sustanciales ni elementos probatorios que permitan sostener la hipótesis del asesinato. En más de una década de investigación no se logró acreditar la intervención de terceros, no se reconstruyó una escena criminal válida y el expediente nunca fue elevado a juicio oral, a pesar de la presión política y mediática sostenida desde el primer día.

Las primeras pericias forenses marcaron un rumbo que luego sería sistemáticamente cuestionado desde fuera del expediente. La autopsia original determinó que el disparo fue a contacto, que no existían lesiones defensivas, que no hubo signos de lucha y que la trayectoria del proyectil resultaba compatible con un autodisparo, conclusiones que nunca pudieron ser refutadas mediante pruebas materiales posteriores.

El Cuerpo Médico Forense, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, intervino luego en el análisis integral del caso y concluyó que no se pudo comprobar la participación de terceras personas. Los peritos descartaron la existencia de golpes previos incapacitando y señalaron que la evidencia disponible no permitía afirmar científicamente que Nisman hubiera sido reducido antes del disparo.

Las pericias complementarias ordenadas por la Corte incluyeron estudios balísticos, análisis de sangre, huellas y perfiles genéticos. Ninguno de esos exámenes detectó ADN de terceros con valor incriminante, ni huellas ajenas concluyentes en el arma o en el baño donde fue hallado el cuerpo. Tampoco se verificaron maniobras de arrastre, ingreso forzado al departamento ni alteraciones comprobables de la escena.

La puerta del baño se encontraba cerrada desde el interior y el arma apareció debajo del cuerpo, datos objetivos que los peritos consideraron compatibles con la hipótesis de suicidio y que nunca pudieron ser desacreditados dentro del expediente judicial.

En 2017, una pericia realizada por Gendarmería Nacional sostuvo la posibilidad de un homicidio, aunque ese informe fue elaborado dos años después del hecho, sin cuerpo presente, sin preservación de la escena original y mediante reconstrucciones teóricas. Sus conclusiones no fueron unánimes dentro del propio equipo técnico y jamás fueron ratificadas en un juicio oral ni respaldadas por nuevas pruebas materiales.

A pesar de ese intento por reorientar la investigación, la Justicia nunca identificó autores materiales ni intelectuales, no formuló imputaciones firmes y no logró avanzar hacia una instancia de debate oral. Once años después, el expediente permanece abierto pero paralizado, sin elementos nuevos que permitan modificar el cuadro probatorio inicial.

La denuncia presentada por Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner, eje central de la operación política posterior, fue desestimada por inexistencia de delito. Los tribunales concluyeron que no había pruebas ni tipificación penal posible, pero ese dato fue sistemáticamente silenciado por los grandes medios. La muerte del fiscal fue utilizada como punto de partida de una ofensiva destinada a instalar la idea de un Estado criminal y a erosionar al kirchnerismo, convirtiendo el caso en bandera del lawfare argentino y en símbolo de una persecución judicial y mediática orientada a disciplinar a la dirigencia del campo popular.

Con el paso de los años, el nombre de Nisman fue resignificado como herramienta política antes que como objeto de investigación judicial. Cada aniversario volvió a activar un relato que nunca pudo sostenerse en los tribunales, mientras el expediente real permanecía sin pruebas concluyentes que avalaran la hipótesis del asesinato.

Once años después, la causa no expone un homicidio impune sino una verdad incómoda para el poder: la inexistencia de evidencia que respalde la acusación instalada. La investigación continúa abierta, pero el relato que se repite cada enero sigue sin aparecer en el expediente.

Porque cuando el lawfare reemplaza a la Justicia, la condena suele llegar mucho antes que la prueba.