El conflicto estalló en la planta de Tortuguitas y expone una ofensiva patronal que combina despidos encubiertos, uso irregular de un preventivo de crisis y amedrentamiento policial contra la organización obrera.

Los trabajadores de Lustramax, ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, realizan este lunes un paro total de actividades luego de que la empresa impidiera el ingreso a trece empleados sin enviar telegramas de despido ni notificación legal alguna. La medida fue resuelta en asamblea y tiene como eje central la reincorporación inmediata de los trabajadores afectados, en un contexto que los propios empleados definen como despidos de hecho.

Durante esa misma asamblea se produjo un episodio grave que profundizó el conflicto: el ingreso de un patrullero de la Policía Bonaerense al interior de la planta mientras los trabajadores deliberaban. Según denunciaron, la presencia policial tuvo un claro objetivo intimidatorio y buscó impedir la reunión, marcando un precedente preocupante de intervención de las fuerzas de seguridad en un conflicto estrictamente laboral.

Los delegados advirtieron que los trece despidos iniciales forman parte de un plan más amplio que apunta a eliminar 29 puestos de trabajo. La empresa, explicaron, presentó un Proceso Preventivo de Crisis que los propios trabajadores califican como irregular, incompleto y fraudulento, ya que no solo carece de fundamentos reales sino que además prohíbe expresamente los despidos mientras se encuentra en trámite.

De acuerdo con la documentación presentada por la patronal, Lustramax exhibe importantes ganancias acumuladas en los últimos años y no logra demostrar ningún escenario de crisis económica. Para la asamblea, el PPC funciona como una pantalla legal para avanzar con un ajuste que tiene como verdadero objetivo desarticular la organización sindical y reducir derechos laborales.

Hace cuatro años, recordaron, los trabajadores comenzaron un proceso de organización que permitió revertir condiciones históricamente precarias dentro de la planta, como la informalidad salarial y la ausencia de derechos básicos. La obtención del sueldo en blanco, el comedor y otras conquistas son hoy el blanco de una ofensiva que busca reinstalar un modelo de precarización y sometimiento.

El conflicto, señalaron, no puede leerse de manera aislada. Se inscribe en un clima político nacional que alienta la flexibilización laboral y el debilitamiento de la organización colectiva, en sintonía con la reforma laboral impulsada por el gobierno, que habilita a las empresas a avanzar con despidos y disciplinamiento social.

Desde la planta de Tortuguitas, los trabajadores convocaron a sindicatos, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y a la comunidad a solidarizarse con la pelea en curso. Reafirmaron que el paro total continuará hasta lograr la reincorporación de todos los despedidos y advirtieron que no permitirán que trece familias queden en la calle como parte de un ajuste mayor.