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Nota Completa

2025 EL PEOR AÑO PARA LA CIENCIA ARGENTINA

Publicado : 12/01/2026
(Review)

Un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación expone con cifras inéditas el impacto del ajuste del gobierno de Javier Milei sobre el sistema científico nacional.

El año 2025 quedará marcado como el punto más bajo del financiamiento público a la ciencia desde que existen registros sistemáticos en la Argentina. Según el último informe del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), la Función Ciencia y Tecnología del presupuesto nacional cayó al 0,167% del PBI, el valor más bajo de toda la serie iniciada en 1972 y aun inferior al registrado en 2002, en plena crisis económica, cuando alcanzó el 0,177%.

El dato no es aislado ni coyuntural. El informe demuestra que, durante los dos primeros años del gobierno de Javier Milei, la inversión en ciencia y tecnología se redujo un 44,5% en su incidencia sobre el PBI, un ajuste significativamente más profundo que el aplicado durante el macrismo entre 2015 y 2019. La motosierra, en este caso, no dejó dudas: el sistema científico fue uno de los blancos centrales del programa económico libertario.

El deterioro se refleja con claridad en la ejecución presupuestaria de los organismos del sector. En 2025, todos los organismos de ciencia registraron caídas reales, con una única excepción formal: la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que mostró un aumento relativo solo al compararse con una base extraordinariamente baja en 2024, pero que aun así quedó 79,9% por debajo de los niveles de 2023.

Entre los casos más graves se encuentra la Agencia I+D+i, responsable del financiamiento de proyectos estratégicos, que sufrió una pérdida real del 42,4%. A ella se suman el INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos, organismos clave para el desarrollo productivo y las políticas de derechos humanos, también duramente castigados por el ajuste.

El informe dedica un apartado específico al derrumbe de la inversión en bienes de capital, uno de los pilares del sistema científico. En 2024, esta inversión cayó un 43,9% en términos reales, y en 2025 volvió a desplomarse un 32,7%, lo que acumuló una caída del 62,2% en apenas dos años. Sin equipamiento, sin infraestructura y sin mantenimiento, decenas de investigaciones quedaron suspendidas o directamente canceladas, interrumpiendo líneas de trabajo construidas durante años.

El ajuste tampoco se distribuyó de manera homogénea en el territorio nacional. Según el Grupo EPC-CIICTI, el recorte consolidó una estructura de desigualdades regionales profundas. Mientras la caída promedio real de la ejecución presupuestaria en 2025 respecto de 2023 fue del 42,8%, en 15 provincias superó el 50%, profundizando la brecha entre regiones y debilitando aún más las capacidades científicas fuera del área metropolitana.

Las universidades nacionales también figuran entre las principales víctimas del recorte. En 2025, su presupuesto registró una nueva caída real del 5,4%, acumulando un retroceso de 26 puntos en solo dos años. Medido en perspectiva histórica, el financiamiento universitario volvió a niveles similares a los de 2008 y quedó 37,4% por debajo de su pico de 2017, comprometiendo el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio y el sostenimiento de la investigación académica.

El informe del CIICTI es contundente: el desfinanciamiento no responde a ineficiencias ni a un proceso de reorganización del sistema, sino a una decisión política deliberada. El gobierno de Javier Milei concibe a la ciencia pública como un gasto a eliminar y no como una inversión estratégica, empujando al país hacia un modelo de dependencia tecnológica, pérdida de soberanía y primarización económica.

Detrás de cada porcentaje hay proyectos truncos, equipos desmantelados, investigadores que abandonan el sistema y un país que renuncia a producir conocimiento propio. El 2025 no solo fue el peor año para la ciencia argentina en términos presupuestarios: fue la confirmación de un rumbo que coloca al Estado al servicio del ajuste y condena al desarrollo científico a la marginalidad.