Con el presupuesto ya aprobado, el gobierno de Javier Milei prepara un paquete legislativo para febrero que combina ajuste fiscal, retroceso ambiental, reforma laboral y expansión del poder punitivo. Un programa coherente con su alineamiento externo y su desprecio por el Estado de Derecho.

Tras la aprobación del Presupuesto 2026 y de la llamada Ley de Inocencia Fiscal a fines del año pasado, el gobierno nacional se dispone a utilizar el mes de febrero para avanzar con una nueva ofensiva legislativa. Bajo la figura de sesiones extraordinarias, previstas entre el 2 y el 27 de ese mes, el oficialismo busca imponer un paquete de leyes que consolida su proyecto económico, político y represivo, en un Congreso que funciona cada vez más como escribanía del Poder Ejecutivo.

El temario que impulsa La Libertad Avanza incluye cuatro iniciativas clave: la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, la modificación de la Ley de Glaciares, una reforma laboral regresiva y un nuevo Código Penal de sesgo abiertamente punitivista. No se trata de proyectos aislados, sino de un mismo programa: reducir derechos, debilitar al Estado, garantizar negocios privados y disciplinar socialmente a quienes resistan las consecuencias del ajuste.

La llamada “regla fiscal” sintetiza la lógica del gobierno. Presentada como un mecanismo para castigar a funcionarios que “generen gasto desmedido”, apunta en los hechos a blindar el ajuste permanente y a criminalizar cualquier política pública orientada a la redistribución o a la ampliación de derechos. El discurso de la austeridad se vuelve selectivo cuando se observa que el Ejecutivo recortó ingresos clave del Estado al reducir Bienes Personales, bajar retenciones y beneficiar a grandes empresas, mientras vetó o directamente incumplió leyes votadas por el Congreso vinculadas a jubilaciones, discapacidad, salud pediátrica y financiamiento universitario.

La reforma de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con dictamen en el Senado, profundiza ese mismo esquema. Bajo el pretexto de “destrabar inversiones”, el oficialismo impulsa una modificación que debilita la protección de zonas periglaciares y abre la puerta al avance extractivista sobre bienes comunes estratégicos. Las advertencias de especialistas y las movilizaciones en distintas ciudades del país anticipan el conflicto social y ambiental que este retroceso normativo puede desatar.

En el plano laboral, el gobierno insiste con una reforma que busca flexibilizar condiciones de trabajo, debilitar la negociación colectiva y reducir derechos conquistados durante décadas. Aunque el proyecto obtuvo dictamen en el Senado, la resistencia sindical y las dudas del propio oficialismo sobre su capacidad de imponerlo explican las dilaciones. La “modernización” que propone Milei no es otra cosa que una transferencia de poder desde los trabajadores hacia el capital, en un contexto de salarios pulverizados y precarización creciente.

El capítulo más preocupante del paquete es la reforma integral del Código Penal, todavía sin ingreso formal a ninguna de las cámaras. El proyecto, impulsado por Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, triplicaría la cantidad de artículos, endurecería penas, introduciría la imprescriptibilidad de ciertos delitos y retomaría viejas banderas del punitivismo como la baja de la edad de imputabilidad, la ley antimafia, la reiterancia y el juicio en ausencia. Lejos de atacar las causas estructurales de la violencia, el gobierno apuesta a un Estado cada vez más represivo, preparado para contener por la fuerza los efectos sociales de su propio modelo económico.

En paralelo, la oposición intenta que se trate el DNU que modifica el sistema de inteligencia, una norma que amplía facultades de la SIDE sin cumplir los requisitos constitucionales de necesidad y urgencia. La negativa del oficialismo a conformar las comisiones bicamerales correspondientes no es un detalle técnico: es parte de una estrategia sistemática para gobernar por decreto, eludir controles y concentrar poder.

Febrero aparece así como un mes clave. No para resolver los problemas de las mayorías, sino para profundizar un rumbo que combina subordinación externa, ajuste interno y deterioro democrático. El gobierno de Milei no busca consensos sociales amplios ni debate público real: busca rapidez, silencio y disciplina. Frente a ese escenario, la responsabilidad política no es solo parlamentaria. Es social, sindical y popular. Porque lo que está en juego no son cuatro leyes, sino el modelo de país que se intenta imponer a fuerza de ajuste y autoritarismo.