La ofensiva militar sobre Venezuela reabre una herida histórica en América Latina y confirma que, cuando la soberanía incomoda, Washington no duda en violar el derecho internacional para disciplinar a los pueblos.

No fue un episodio judicial ni una operación excepcional: fue una decisión política ejecutada por la vía militar. Estados Unidos bombardeó Caracas y secuestró al presidente Nicolás Maduro, rompiendo todos los marcos legales que dice defender y reinstalando una lógica de intervención directa que América Latina conoce demasiado bien. La escena, brutal y deliberada, expuso una vez más que el poder imperial no reconoce límites cuando se trata de sostener su hegemonía.

La justificación posterior —acusaciones de narcoterrorismo tramitadas en tribunales estadounidenses— se desmoronó incluso dentro del propio sistema judicial norteamericano. Ningún principio del derecho internacional habilita a una potencia a capturar a un jefe de Estado extranjero y trasladarlo por la fuerza a su territorio. Lo ocurrido no fue un acto de justicia: fue un secuestro político con respaldo militar, diseñado para disciplinar a un país que no se subordina.

El ataque no puede leerse como un hecho aislado. Forma parte de una estrategia histórica de intervención sobre América Latina que combina sanciones, asfixia económica, operaciones encubiertas y, cuando eso no alcanza, el uso directo de la fuerza. Venezuela vuelve a ser el laboratorio donde Estados Unidos ensaya hasta dónde puede avanzar sin enfrentar costos reales.

La proclamación de un estado de emergencia y la designación de Delcy Rodríguez para sostener la continuidad institucional expusieron el intento del Estado venezolano de preservar un mínimo orden frente a una agresión externa abierta. Pero el conflicto ya trascendió largamente las fronteras nacionales: lo que está en juego es el principio mismo de soberanía en una región acostumbrada a que sus gobiernos sean condicionados, reemplazados o directamente derrocados cuando incomodan a Washington.

Las declaraciones de Donald Trump terminaron de despejar cualquier duda. Condicionar una supuesta “transición democrática” al acceso irrestricto de capitales estadounidenses a los recursos energéticos venezolanos dejó en evidencia que el objetivo no es la democracia ni los derechos humanos, sino el control político y económico de un territorio estratégico.

En la Argentina, el silencio del gobierno de Javier Milei no es neutral. Es una toma de posición. La subordinación automática a Estados Unidos y la alineación explícita con Trump colocan al país del lado de la violación del derecho internacional y en contra de un principio histórico de la política exterior argentina: la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Callar frente a un bombardeo y un secuestro presidencial es avalar el precedente.

Desde ADN Populares sostenemos una posición clara e inequívoca. La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela constituye una agresión directa contra un Estado soberano y un ataque al conjunto de América Latina. Defender la soberanía venezolana no implica negar debates internos ni procesos políticos complejos: implica afirmar un límite sin el cual no existe democracia posible.

La historia regional es contundente. Cada vez que el imperialismo avanzó en nombre del orden, la legalidad o la seguridad, dejó como saldo dictaduras, saqueo y violencia. Recordarlo no es un gesto ideológico: es una obligación política y ética. Hoy el ataque es contra Venezuela. Mañana, si se naturaliza este precedente, puede ser contra cualquier otro pueblo que se atreva a decidir su propio destino.