Mientras los incendios forestales avanzan sobre amplias zonas del sur del país, legisladores, gremios y brigadistas advierten que el desfinanciamiento del Estado nacional debilitó la prevención y la capacidad de respuesta ante la emergencia.

Los incendios forestales que afectan a distintas regiones de la Patagonia reabrieron el debate sobre la política ambiental del Gobierno nacional y el impacto del ajuste presupuestario impulsado por la administración de Javier Milei. En medio de la destrucción de miles de hectáreas de bosque nativo, referentes políticos, sindicales y trabajadores del sistema de combate del fuego señalaron que los recortes al Servicio Nacional de Manejo del Fuego redujeron de manera significativa la capacidad operativa del Estado para prevenir y enfrentar este tipo de emergencias.

La diputada nacional Julia Strada, también directora del Centro de Economía Política Argentina, afirmó que el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego sufrió recortes que alcanzan el 70 por ciento en comparación con 2023. Según precisó, durante 2024 el organismo ejecutó un 81 por ciento menos de recursos que el año anterior, un dato que, a su entender, permite dimensionar el debilitamiento estructural del sistema en un contexto de creciente crisis ambiental.

En la misma línea, el diputado de Unión por la Patria por Chubut, José Glinski, advirtió sobre la desinversión del Estado nacional en los sistemas de prevención de incendios. Si bien aclaró que los recortes presupuestarios no son la causa directa del inicio de los focos ígneos, subrayó que la falta de recursos impacta de forma directa en la capacidad de respuesta y en las tareas preventivas. Según explicó, la ausencia de financiamiento para desmalezamiento, mantenimiento de caminos, fortalecimiento de brigadas y equipamiento del sistema nacional hace que los incendios no solo se combatan en peores condiciones, sino que también se eviten menos.

Frente a la magnitud de la crisis, un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley para declarar por 180 días la emergencia ígnea y ambiental en las provincias más afectadas. La iniciativa, impulsada por Ana Ianni, Juan Pablo Luque y el propio Glinski, alcanza a Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, y propone que el Poder Ejecutivo asigne fondos específicos para medidas de asistencia sanitaria, nutricional y habitacional destinadas a las personas damnificadas por los incendios.

Desde el ámbito sindical, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el ajuste del gobierno de Milei “está incendiando la Patagonia” y reclamó la declaración urgente de la emergencia ambiental. Aguiar vinculó el avance del fuego con el negacionismo ambiental y con el recorte del 70 por ciento al Programa Nacional de Manejo del Fuego, al que responsabilizó por la pérdida de miles de hectáreas de bosque nativo, los graves daños materiales y el riesgo concreto para la vida de las personas que habitan las zonas afectadas.

La situación también fue descripta desde adentro del sistema por los propios brigadistas. Hernán Mondino, brigadista de la Coordinación Nacional de ATE Parques Nacionales y delegado del Parque Nacional Los Alerces, señaló que un combatiente de incendios en la Patagonia percibe un salario cercano a los 860 mil pesos mensuales, en un contexto de fuerte reducción de personal. Según explicó, la planta pasó de 430 a 360 combatientes, con despidos y renuncias motivadas por salarios que no alcanzan, lo que obliga a muchos trabajadores a sostener dos o tres empleos para subsistir.

En Chubut, además, la presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, Sofía Cerella, aseguró que, pese a la magnitud del incendio que afecta la zona cordillerana y a la reciente visita del ministro del Interior, Diego Santilli, el Gobierno nacional no envió asistencia directa. Según afirmó, el combate del fuego se sostiene únicamente con recursos municipales y provinciales, sin apoyo concreto de Nación, en un escenario que sigue siendo crítico.