El gremio cuestionó una licitación del Gobierno porteño para contratar servicios privados de alojamiento y cuidados, y advirtió que la medida profundiza el desfinanciamiento del sistema estatal de atención.

La Junta Interna de ATE del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat expresó su preocupación ante una resolución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que habilita la contratación de servicios privados para la atención de personas mayores. La iniciativa quedó formalizada a través de la Resolución 2025-796-GCABA-MDHYHGC, fechada el 29 de diciembre de 2025, mediante la cual el Ejecutivo porteño resolvió dar inicio a una licitación pública para la contratación de “servicios integrales de alojamiento y cuidados para adultos mayores” por un plazo de veinticuatro meses.

Desde el sindicato señalaron que la decisión representa un nuevo avance en políticas de tercerización de la política social, asociadas a un modelo de Estado que reduce su rol directo en áreas sensibles y traslada responsabilidades al sector privado. En ese sentido, remarcaron que la atención de personas mayores no puede ser abordada como un servicio susceptible de externalización, sino como una obligación indelegable del Estado, vinculada a la garantía de derechos y a la construcción de políticas públicas inclusivas y sostenidas en el tiempo.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por ATE apunta a que el propio Estado de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con hogares residenciales de gestión pública que funcionan desde hace décadas. Según advirtieron, estos dispositivos vienen atravesando un proceso prolongado de desfinanciamiento, con impacto directo tanto en las condiciones de vida de las personas residentes como en las condiciones laborales de las y los trabajadores que se desempeñan en ellos. Para el gremio, lejos de fortalecer este sistema existente, el Gobierno opta por avanzar en esquemas alternativos de contratación externa.

En ese marco, la Junta Interna sostuvo que la tercerización de hogares residenciales para personas mayores no constituye una solución estructural al problema de la atención y el cuidado, sino una transferencia de recursos y responsabilidades hacia organizaciones privadas y no gubernamentales. Desde el sector sindical advirtieron que este tipo de esquemas ha mostrado en reiteradas oportunidades falencias en términos de control, transparencia y criterios de gestión, con prácticas que muchas veces resultan opacas o discrecionales.

La preocupación expresada por ATE se inscribe, además, en un debate más amplio sobre el modelo de políticas sociales que impulsa el Gobierno porteño. Para el gremio, la licitación no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de una orientación que privilegia la lógica de mercado en áreas donde debería primar el interés público y el fortalecimiento de la gestión estatal, especialmente en un contexto de creciente vulnerabilidad social de las personas mayores.

Frente a este escenario, la Junta Interna del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat informó que se declaró en estado de alerta y seguimiento de la situación. Desde el gremio remarcaron que continuarán reclamando un Estado presente e inclusivo, con hogares residenciales de gestión pública fortalecidos y concebidos como espacios de cuidado integral, en defensa de los derechos de las personas mayores de la Ciudad de Buenos Aires.