Reducirla a una ilusión o a un error conceptual no es un debate académico: es una forma de legitimar la desigualdad y blindar el privilegio.

La justicia social es atacada no porque sea una idea confusa, sino porque cuestiona un principio central del orden económico vigente: que la desigualdad es justa, natural y moralmente aceptable. Cada intento por descalificarla busca, en realidad, presentar como inevitables relaciones sociales que benefician siempre a los mismos sectores y convertir el privilegio en mérito.

El argumento se repite con insistencia. Las desigualdades, se afirma, no serían injusticias sino simples diferencias producto del esfuerzo individual, de elecciones personales o de trayectorias culturales distintas. Esta mirada omite deliberadamente que las sociedades reales no funcionan sobre condiciones de igualdad, sino sobre estructuras históricas que distribuyen ventajas y desventajas antes de que cualquier decisión individual entre en juego. El origen social, la herencia económica, el acceso desigual a educación, salud y trabajo digno condicionan de manera decisiva las posibilidades de cada persona.

Negar esa dimensión estructural no es una muestra de rigor intelectual, sino una operación ideológica. Allí donde existe reproducción sistemática del privilegio, se invoca el mérito. Donde hay exclusión persistente, se apela a la responsabilidad individual. La desigualdad queda así despojada de toda dimensión política y transformada en un fenómeno natural, ajeno a decisiones económicas y relaciones de poder concretas.

La apelación a la igualdad ante la ley funciona como complemento de esa operación. Como si la igualdad jurídica alcanzara para compensar desigualdades materiales profundas y duraderas. Los derechos formales, sin condiciones reales para ejercerlos, se convierten en una promesa vacía. La justicia social no niega la igualdad legal: señala su insuficiencia en sociedades donde el punto de partida define, en gran medida, el destino.

Otra línea de ataque presenta a la justicia social como una interferencia nociva, una acumulación de políticas bien intencionadas que producen efectos indeseados. El problema de ese razonamiento no es analizar consecuencias, sino hacerlo de manera selectiva. Las políticas públicas son sometidas a un estándar de perfección imposible, mientras el mercado queda exento de toda responsabilidad por la pobreza estructural, la precarización laboral, la exclusión y las crisis recurrentes que produce. El fracaso siempre es estatal; el orden económico, nunca.

A esa crítica se suma la descalificación moral. La justicia social sería una forma de victimismo, una narrativa de resentimiento. De ese modo, el conflicto social se diluye y las relaciones de poder se reducen a estados emocionales. No hay estructuras que concentran riqueza ni decisiones que generan desigualdad, solo individuos que “se quejan” de los resultados del juego.

Lo que permanece fuera de discusión es el núcleo del problema: la concentración del poder económico y su capacidad para moldear reglas, discursos y sentidos comunes. La justicia social incomoda porque recuerda que la riqueza no se produce en el vacío, que el bienestar individual se apoya en una trama colectiva y que el Estado no es un intruso, sino una construcción política destinada —o no— a garantizar derechos.

Defender la justicia social no implica negar diferencias ni promover igualitarismos abstractos. Implica rechazar que esas diferencias se traduzcan en exclusión estructural, miseria heredada y vidas descartables. Implica afirmar que una sociedad democrática no se mide por la acumulación de unos pocos, sino por las condiciones de vida de las mayorías. Por eso sigue siendo una idea en disputa: porque sigue señalando aquello que el poder necesita ocultar.