La central obrera cuestionó las reformas impuestas por decreto a la Ley de Inteligencia Nacional, denunció un avance sobre las libertades democráticas y advirtió que se habilita un esquema de espionaje interno sin control parlamentario.

La Confederación General del Trabajo expresó su rechazo al DNU 941/2025, mediante el cual el gobierno de Javier Milei introdujo modificaciones de fondo en la Ley de Inteligencia Nacional sin pasar por el Congreso. Para la central obrera, la decisión no solo constituye una maniobra institucionalmente irregular, sino que abre la puerta a un esquema de control y vigilancia incompatible con un sistema democrático.

En un comunicado difundido tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial, la CGT sostuvo que las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo son arbitrarias, regresivas y peligrosas, y remarcó que cualquier cambio en la estructura y funcionamiento del sistema de inteligencia debe ser debatido y legitimado por el Parlamento. Según el texto, el DNU vulnera principios básicos de división de poderes y debilita los mecanismos de control democrático.

Uno de los puntos más críticos señalados por la central sindical es el fortalecimiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que, de prosperar la reforma, ampliaría su poder operativo y su nivel de opacidad, sin supervisión parlamentaria efectiva. Todas las tareas de espionaje pasarían a ser consideradas “encubiertas”, una redefinición que, en los hechos, habilita prácticas de vigilancia sin rendición de cuentas.

El pronunciamiento advierte además que el decreto autoriza a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad a realizar tareas de inteligencia interior, una atribución históricamente vedada por la legislación argentina tras la última dictadura. A esto se suma la posibilidad de detenciones sin orden judicial y la ejecución de acciones ante supuestas “fugas de información clasificada”, un concepto ambiguo que, según la CGT, puede traducirse en hostigamiento y censura sobre el periodismo y la libertad de expresión.

Para la central obrera, estas medidas no son aisladas ni coyunturales. Por el contrario, las inscriben en una estrategia más amplia, alineada con intereses geopolíticos ajenos a las necesidades del país y que remite a las etapas más oscuras de la historia nacional, marcadas por la persecución ideológica y la violencia institucional.

En ese sentido, la CGT vinculó el avance sobre el sistema de inteligencia con el programa económico y social que impulsa el gobierno libertario, al que definió como un plan de ajuste permanente que requiere, para sostenerse, un andamiaje represivo cada vez más explícito. Según el documento, el corrimiento de derechos y garantías no es una anomalía, sino una condición necesaria para imponer políticas que carecen de consenso social.

El comunicado concluye con una advertencia contundente: el DNU 941/2025 configura una amenaza directa a las libertades individuales y a los derechos consagrados por la Constitución Nacional, y profundiza un rumbo que aleja al país de cualquier modelo compatible con una democracia plena.