Subordinar el reclamo argentino sobre Malvinas a la voluntad de sus habitantes no es solo un error diplomático: cuestiona décadas de política de Estado, debilita la posición internacional de Argentina y amenaza la defensa de los recursos estratégicos y la dignidad histórica de la Nación.

El presidente Javier Milei declaró ante el diario británico The Telegraph que la reivindicación argentina de las Islas Malvinas debía depender del “deseo” de los habitantes del archipiélago, un hecho público en 2026 que vulnera la Constitución Nacional, contradice la política de Estado sostenida desde 1983 y coloca a la Argentina en una posición funcional a intereses extranjeros. La soberanía sobre Malvinas no es opinable: es un mandato constitucional, un objetivo estratégico irrenunciable y un límite que ningún Presidente puede traspasar sin graves consecuencias políticas, históricas y simbólicas.

No fue un desliz ni una expresión personal: fue un acto presidencial que legitima la ocupación británica, desplazando el eje del reclamo argentino desde la integridad territorial y el derecho internacional hacia una narrativa colonial. Introducir la idea de que la población implantada tendría derecho a decidir constituye una cesión política que debilita la posición estratégica de la Nación y contradice la historia de resistencia frente a la ocupación.

La Disposición Transitoria Primera de la Constitución establece con claridad que la recuperación de las Islas Malvinas es un objetivo permanente e irrenunciable, garantizando el respeto al modo de vida de sus habitantes sin otorgarles poder de decisión sobre territorio argentino ocupado. Adoptar el marco discursivo del Reino Unido no es pragmatismo diplomático: es subordinación deliberada a intereses históricos contrarios a la soberanía y los intereses nacionales.

Desde un enfoque nacionalista, la gravedad del episodio excede lo diplomático. La soberanía no es un símbolo abstracto: es la capacidad de la Nación de decidir sobre su territorio, sus recursos estratégicos y su proyecto de país. Malvinas involucra el Atlántico Sur, la proyección antártica, recursos pesqueros y energéticos, defensa y dignidad nacional. Relativizar la causa constituye traición política y debilitamiento estratégico de la Patria.

El acto de Milei revela una concepción de Estado prescindible, subordinado a poderes externos, sin proyecto propio ni compromiso con la defensa de la Nación. No es modernización ni realismo: es dependencia, que históricamente ha traído desigualdad, pérdida de recursos y debilitamiento institucional.

Desde 1983, Malvinas ha sido una política de Estado sostenida por gobiernos de distintos signos políticos porque representa conciencia nacional, memoria histórica y continuidad democrática. Romper ese consenso no fortalece la democracia: la debilita, porque una democracia sin soberanía es condicionada y frágil.

La historia argentina demuestra que cada subordinación a intereses extranjeros produjo más dependencia, desigualdad y pérdida de libertad. Defender Malvinas no es nacionalismo retórico: es defender la capacidad del pueblo argentino de decidir su destino y proteger los intereses estratégicos de la Patria.

Malvinas no admite ambigüedades. La Patria no se negocia. Un gobierno que relativiza esta causa hipoteca el futuro de la Nación, traiciona su historia, su dignidad y sus recursos estratégicos.