El CECIM La Plata envió una carta documento al Presidente y le dio 24 horas para retractarse de sus declaraciones al diario británico The Telegraph. Advierten una violación a la Constitución y anticipan acciones penales y políticas si no hay marcha atrás.

La crisis política abierta por las declaraciones de Javier Milei sobre las Islas Malvinas escaló este jueves a un plano institucional y judicial. El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata envió una carta documento al Presidente de la Nación en la que lo intima a retractarse públicamente, en un plazo perentorio de 24 horas, por haber supeditado el reclamo soberano argentino al “deseo” de los habitantes de las islas.

La intimación no es simbólica. En el texto, los excombatientes sostienen que los dichos de Milei constituyen un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público y una violación directa de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece la recuperación de las Malvinas como un objetivo permanente del Estado argentino.

Según el CECIM, el Presidente incurrió en una alteración sustantiva de la posición histórica del país al confundir —o directamente reemplazar— el mandato constitucional de respetar el “modo de vida” de los isleños por el reconocimiento de sus “deseos”, una distinción central en el derecho internacional y en las resoluciones de Naciones Unidas que rigen la disputa de soberanía.

La carta documento recuerda que la Resolución 2065 de la ONU, base del reclamo argentino, reconoce la existencia de una situación colonial y llama a las partes a negociar, sin otorgar derecho de autodeterminación a una población implantada por la potencia ocupante. En ese marco, los excombatientes advierten que relativizar esa posición frente a un medio extranjero no solo debilita la estrategia diplomática argentina, sino que contradice obligaciones constitucionales explícitas.

El planteo del CECIM no se limita al plano jurídico. El texto también señala la gravedad estratégica de ignorar la presencia de una base militar británica en el Atlántico Sur, considerada una amenaza para la seguridad regional. En ese punto, los excombatientes cuestionan cualquier intento de condicionar el reclamo soberano a negociaciones vinculadas a armamento o alineamientos geopolíticos con potencias extra regionales.

La intimación deja al Ejecutivo ante un escenario binario. Si Milei no se retracta, el CECIM anticipa que avanzará con una denuncia penal y promoverá el inicio de un proceso de Juicio Político en el Congreso. Si lo hace, deberá explicar públicamente que sus declaraciones fueron un error, con el consiguiente costo político y diplomático.

El conflicto reabre un debate de fondo sobre los límites de la política exterior libertaria y su compatibilidad con consensos históricos de la democracia argentina. Para los excombatientes, la discusión no admite matices: la soberanía sobre Malvinas no es una opinión ni una preferencia ideológica, sino un mandato constitucional vigente.

El silencio o la ratificación de los dichos presidenciales, advierten, será leído como una señal inequívoca de ruptura con ese consenso. En ese escenario, la disputa por Malvinas dejaría de ser solo una cuestión de política exterior para convertirse en un conflicto institucional de primera magnitud.