La liberación del ex comisario condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad reabre el debate sobre los beneficios judiciales a represores y el impacto en las políticas de derechos humanos

Eduardo Kalinec , también conocido como “Dr. K”, está en libertad. La noticia sacudió a organismos de derechos humanos, sobrevivientes de centros clandestinos y amplios sectores de la sociedad que, desde hace décadas, sostienen la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. No se trata de un nombre más en la lista del terrorismo de Estado: Kalinec fue uno de los torturadores más temidos de la última dictadura cívico-militar-eclesial.

Como comisario de la Policía Federal, operó en los centros clandestinos de detención Atlético-Banco-Olimpo (ABO), bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército, comandado por Carlos Guillermo Suárez Mason. En aquellos espacios de secuestro, tortura, desaparición y exterminio funcionó una de las estructuras más violentas del aparato represivo. Los testimonios de sobrevivientes como Mario Villani, Ana María Careaga, Delia Barrera, Miguel D’Agostino —entre muchos otros— dieron cuenta, en los juicios, de la ferocidad de Kalinec y de su participación directa en delitos aberrantes.

Kalinec fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad y pasó dos décadas en prisión. Sin embargo, desde 2022 la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó salidas transitorias y, con 73 años, acumuló decenas de salidas del penal hasta acceder al beneficio de la libertad.
La medida volvió a encender alarmas: organismos y referentes del movimiento de derechos humanos señalan que estas decisiones judiciales relativizan responsabilidades históricas, hieren la memoria colectiva y habilitan retrocesos en una política que la Argentina construyó como ejemplo internacional: la de juzgar y condenar a los responsables del terrorismo de Estado.

Hoy, Kalinec camina en libertad. No ha expresado arrepentimiento y continúa sosteniendo el pacto de silencio sobre el destino de las personas detenidas-desaparecidas y los nietos apropiados. Frente a este escenario, la reacción social vuelve a insistir con una definición que atraviesa generaciones: los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles; no admiten perdón, ni olvido, ni negacionismo.