Daniel Rosato reclamó que el Congreso tome como referencia el Fondo Compensatorio Laboral impulsado por Industriales Pymes Argentinos, al advertir que la iniciativa oficial profundiza la crisis productiva y debilita los derechos laborales.

En medio del debate legislativo por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó que el Congreso incorpore como referencia el proyecto de Fondo Compensatorio Laboral Universal elaborado por la entidad. Según advirtió, la propuesta oficial del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) no solo resulta insuficiente, sino que corre el riesgo de profundizar el deterioro del entramado productivo y del empleo.

Desde IPA sostienen que cualquier modificación del régimen laboral debe partir de un objetivo central: incentivar la producción nacional y generar nuevos puestos de trabajo, sin avanzar sobre los derechos de las y los trabajadores. En ese sentido, Rosato planteó que el proyecto presentado por la entidad pyme busca dar previsibilidad, reducir la conflictividad y fortalecer un esquema de crecimiento con inclusión.

El Fondo Compensatorio Laboral Universal propuesto por IPA fue discutido en una mesa de diálogo con distintos sectores, incluidos los sindicatos, y se presenta como un sistema de ahorro mensual para los trabajadores. A diferencia del esquema oficial, el fondo estaría disponible no solo ante una desvinculación forzosa, sino también en casos de cambio voluntario de empleo o jubilación, ampliando el alcance de la protección laboral.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que las empresas puedan aportar un 3% adicional por trabajador, recursos que serían administrados por la ANSES. De ese modo, el organismo no se vería desfinanciado —como advierten que podría ocurrir con el FAL— sino que, por el contrario, se fortalecería su rol como administrador de fondos capitalizables.

Desde IPA explicaron que esos recursos podrían ser utilizados para financiar proyectos productivos de las propias Pymes, a tasas inferiores a las del mercado, generando un círculo virtuoso entre inversión, producción y empleo. Al mismo tiempo, el sistema permitiría desactivar la denominada “industria del juicio”, una de las principales preocupaciones del sector empresario, sin trasladar el costo del ajuste a los trabajadores.

Rosato subrayó que garantizar una indemnización sin necesidad de litigar no solo protege a los empleados, sino que también desalienta la informalidad laboral y aporta estabilidad al sistema productivo. En ese marco, advirtió que ninguna reforma laboral será viable si no se aborda de manera simultánea la crisis de competitividad que atraviesan las Pymes industriales.

El titular de IPA también reclamó que el Congreso incorpore al debate el Régimen de Incentivos para Pymes Industriales (RIPI), como herramienta para enfrentar el impacto de la apertura importadora y el retroceso de la producción nacional. Según alertó, sin políticas activas que protejan a la industria local, cualquier reforma laboral terminará administrando el cierre de empresas y la destrucción de empleo.

En un contexto de recesión, caída del consumo y ajuste, la propuesta de las Pymes busca disputar el sentido del debate laboral: no como una herramienta de flexibilización, sino como un instrumento al servicio de un modelo productivo que combine competitividad, derechos y desarrollo. Una discusión que, advierten, el Congreso no puede eludir si pretende ofrecer una salida a la crisis del trabajo en la Argentina.