La Justicia concluyó que Alberto Nisman fue asesinado apoyándose casi exclusivamente en una pericia, sin autores ni reconstrucción completa. Mientras tanto, una figura atraviesa el caso como constante política: Patricia Bullrich, presente una y otra vez cuando la derecha necesita orden, relato y disciplinamiento.

El caso Nisman expone una verdad judicial débil y selectiva. Pero también desnuda algo más persistente: la utilización política de la muerte, el miedo y la seguridad como herramientas de poder. En ese terreno, Patricia Bullrich no es una excepción: es una continuidad.

La Justicia argentina afirmó que Alberto Nisman fue víctima de un homicidio. Lo hizo sin condenados, sin responsables identificados, sin una reconstrucción acabada del hecho y apoyándose casi de manera excluyente en la pericia de Gendarmería. Las pericias previas, contradictorias, fueron descartadas o relativizadas. La duda razonable no fue resuelta: fue clausurada.
Ese procedimiento no produjo verdad. Produjo una certeza funcional. Porque un homicidio sin autor necesita del respaldo político para sostenerse en el tiempo. Y ese respaldo tuvo nombres propios.

Patricia Bullrich y Laura Alonso no intervinieron como peritas ni como juezas. Pero sí participaron activamente en la construcción pública del caso: declaraciones categóricas, presión política, señalamiento de culpables antes de cualquier sentencia. En ese clima, preguntar dejó de ser investigar y pasó a ser sospechar.
El caso Nisman no puede leerse aislado del recorrido político de Patricia Bullrich. Su figura atraviesa, desde hace décadas, los distintos gobiernos de derecha en la Argentina, siempre asociada a una misma lógica: orden antes que derechos, castigo antes que garantías, decisión política antes que verdad compleja.

Bullrich fue parte del gobierno de Carlos Menem cuando se impulsaron reformas estructurales que precarizaron el trabajo y debilitaron al Estado. Luego ocupó un rol central durante la Alianza, en un gobierno que terminó reprimiendo protestas sociales y declarando el estado de sitio en 2001. Más tarde, como ministra de Seguridad del macrismo, quedó asociada a los casos Maldonado y Rafael Nahuel, a la doctrina del “enemigo interno” y a la legitimación política de la represión como política de Estado.
En todos esos momentos hubo un patrón común: frente al conflicto social o político, Bullrich no administró tensiones; las endureció. No buscó matices; los eliminó. No amplió derechos; los redujo en nombre del orden.

El caso Nisman encaja en esa lógica. La hipótesis de homicidio no se defendió como resultado de una investigación exhaustiva, sino como una verdad cerrada, impermeable a la duda. La Justicia eligió una pericia y descartó las demás. No explicó de manera suficiente por qué. No resolvió las contradicciones técnicas: las sustituyó por convicción política.

El problema no es solo retrospectivo. Esa misma matriz vuelve a aparecer hoy. Desde su rol central en el actual bloque de poder, Bullrich impulsa —otra vez— reformas laborales que avanzan sobre derechos conquistados, en nombre de la modernización, la eficiencia y el orden económico. La criminalización del pasado y la precarización del presente forman parte de una misma secuencia.
Por eso, el “homicidio de Nisman” no es solo una conclusión judicial discutible. Es una pieza más de un dispositivo político más amplio. Uno que necesita enemigos, relatos simples y castigos ejemplares. En ese dispositivo, Patricia Bullrich no es una circunstancia: es una constante.

La Justicia puede equivocarse. Lo grave es cuando deja de dudar. Y la democracia se debilita cuando el miedo, la muerte y la represión se convierten en política pública permanente.