De Perón a Milei, la disputa histórica entre el trabajo como derecho social y el mercado como mecanismo de disciplinamiento.

La historia del movimiento obrero argentino no puede entenderse sin el peronismo. No como consigna, sino como hecho histórico concreto: fue durante los gobiernos de Juan Domingo Perón cuando el trabajo dejó de ser una relación desigual librada al mercado y pasó a ser un derecho social protegido por el Estado. La jornada limitada, las vacaciones pagas, el aguinaldo, la indemnización por despido, la negociación colectiva y la tutela sindical no fueron regalos: fueron conquistas políticas frente a un sistema que, naturalmente, tiende a disciplinar al trabajador.

Cada vez que el peronismo gobernó con centralidad del trabajo —del primer peronismo al ciclo kirchnerista— el sentido fue el mismo: equilibrar la desigualdad estructural entre capital y trabajo. Y cada vez que gobernaron proyectos de matriz liberal o neoliberal, ese equilibrio fue puesto en cuestión.

El proyecto de reforma laboral actualmente en debate en el Senado no es una anomalía. Es la continuidad histórica de una línea que ya conocemos. Cambian los nombres, los contextos y los discursos, pero el objetivo se repite: abaratar el trabajo, debilitar la organización colectiva y trasladar riesgos del empleador al trabajador.

De derechos colectivos a acuerdos individuales
El cuadro comparativo del proyecto muestra con claridad el desplazamiento del eje del derecho laboral. Allí donde la Ley de Contrato de Trabajo consagraba principios protectores —primacía de la realidad, irrenunciabilidad, continuidad del vínculo— el nuevo texto propone autonomía de la voluntad, consentimiento expreso y acuerdos individuales.
Esto no es neutral. En una relación estructuralmente desigual, hablar de “libertad contractual” es desconocer la realidad material del trabajador. Perón lo entendió con claridad cuando sostuvo que “entre el fuerte y el débil, la libertad oprime”. Por eso el peronismo construyó derechos colectivos, no favores individuales.

Menem: la flexibilización como promesa de modernidad
Durante los años noventa, Carlos Menem impulsó una transformación profunda del mundo del trabajo bajo la promesa de “modernización” y “competitividad”. La reforma laboral, la flexibilización, los contratos basura y el debilitamiento de los convenios colectivos fueron presentados como el precio inevitable de ingresar al “Primer Mundo”.
El resultado fue el opuesto: desocupación estructural, precarización, fragmentación sindical y pérdida de poder adquisitivo. La lógica era clara: si el despido es barato y el empleo inestable, el trabajador obedece. El proyecto actual retoma esa matriz cuando limita la base de cálculo indemnizatorio, introduce fondos de cese laboral y habilita bancos de horas que diluyen la jornada máxima.

De la Rúa: ajuste y disciplinamiento
El breve pero traumático gobierno de Fernando de la Rúa profundizó ese camino. La reforma laboral de 2000, atravesada por el escándalo de las coimas en el Senado, tuvo un objetivo explícito: disciplinar al movimiento obrero en nombre de la “confianza de los mercados”. Se atacó la negociación colectiva y se avanzó sobre la estabilidad.
El proyecto actual, al exigir consentimiento individual para retenciones sindicales y limitar la tutela gremial, reproduce ese mismo espíritu: debilitar la organización colectiva para dejar al trabajador solo frente al empleador.

Macri: la meritocracia contra el derecho
Mauricio Macri no logró una reforma laboral integral, pero avanzó por partes: acuerdos sectoriales regresivos, pasantías encubiertas, monotributización y un discurso persistente contra los “costos laborales”. La idea era cultural: instalar que los derechos son privilegios y que el problema del país son los trabajadores “protegidos”.
El proyecto en debate profundiza esa lógica al excluir explícitamente a amplios sectores del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, especialmente trabajadores independientes, tercerizados y de plataformas. Es una forma moderna de deslaboralización.

Milei: el mercado como juez absoluto
Con Javier Milei, el planteo deja de ser implícito y se vuelve brutalmente explícito: el trabajo no es un derecho social, es una transacción más. El proyecto de reforma laboral encaja perfectamente en su concepción ideológica. No hay comunidad organizada, no hay justicia social, no hay rol equilibrador del Estado. Hay individuos negociando en soledad.
La digitalización de registros, la flexibilización horaria, la reducción de sanciones por trabajo no registrado y la redefinición del salario apuntan a un mismo resultado: menos derechos efectivos, menos poder de reclamo, menos protección real.

Peronismo o mercado

La comparación histórica es clara. Cada gobierno peronista amplió derechos laborales porque entendió que el trabajo no es una mercancía. Cada gobierno liberal o neoliberal los redujo porque entiende al trabajador como un costo.
Este proyecto no es técnico ni inevitable. Es político. Y plantea una disyuntiva histórica: o el trabajo sigue siendo el organizador central de la vida social, o se convierte nuevamente en una variable de ajuste.
El peronismo no defiende derechos por nostalgia, sino por experiencia histórica. Porque cada derecho perdido no vuelve solo. Y porque cuando el trabajo deja de ser un derecho, la democracia empieza a vaciarse.