El dirigente y diputado nacional advirtió que la reactivación de la causa contra Julia Mengolini, impulsada por Javier Milei y reabierta por el juez Pablo Bertuzzi, constituye un “leading case internacional” que expone la articulación entre poder político y judicial para erosionar derechos civiles básicos.

Juan Grabois afirmó que la reactivación de la causa judicial contra la periodista Julia Mengolini convierte al expediente en un “leading case internacional” por la validación judicial de una ofensiva política sistemática contra la libertad de expresión, uno de los derechos civiles fundamentales de la democracia moderna. Lo hizo durante una entrevista en vivo en Futurock, junto a la propia Mengolini, de quien además es abogado en la causa.

Según Grabois, el elemento novedoso y más grave del proceso es la intervención del Poder Judicial como aval de una agresión impulsada desde el Ejecutivo. En ese sentido, sostuvo que el caso demuestra cómo la erosión de los derechos sociales requiere previamente la destrucción de los derechos políticos de primera generación, particularmente la libertad de expresión, y que esa dinámica encuentra hoy una validación institucional.

El dirigente fue especialmente crítico del accionar del juez Pablo Bertuzzi, a quien señaló como una pieza clave de ese engranaje. Grabois cuestionó la legitimidad institucional del magistrado y remarcó que su situación dentro de la estructura judicial lo coloca en una posición de dependencia directa del Gobierno nacional, lo que, a su entender, condiciona sus decisiones y compromete la independencia judicial.

En esa línea, advirtió que el caso pone de manifiesto un esquema en el que el Gobierno no solo ejerce violencia desde la institucionalidad política, sino que además la blinda desde la institucionalidad jurídica, al menos en los niveles intermedios del sistema judicial. Para Grabois, esa articulación representa un salto cualitativo en la ofensiva contra las garantías democráticas.

El diputado nacional amplió el análisis y sostuvo que en la Argentina se está desarrollando una ofensiva burda y sostenida contra los derechos civiles y políticos, sin necesidad de reformas legales explícitas. “No hay un cambio normativo”, señaló, sino una práctica de hecho que horada la democracia mediante el uso combinado del poder estatal, la persecución judicial y la estigmatización pública.

Grabois también denunció la utilización de los servicios de inteligencia en la generación y difusión de fake news y en el ejercicio de lo que definió como “terrorismo psicológico” contra la periodista, y subrayó que el intento del presidente de presentarse como un actor privado carece de sustento cuando se ejerce la máxima responsabilidad institucional del Estado.

En el tramo final de su intervención, interpretó el accionar del oficialismo como parte de la denominada “batalla cultural”. Señaló que el Gobierno no concibe la posibilidad de estar actuando mal, y que cada retroceso judicial o político no es leído como una derrota circunstancial, sino como una amenaza a la identidad que construyó en torno a la prepotencia, la impunidad y la idea de victoria permanente.

Para Grabois, el verdadero conflicto no es jurídico sino político y cultural: la disputa por la hegemonía y por los límites del poder estatal frente a los derechos fundamentales. En ese marco, advirtió que lo que está en juego no es un caso individual, sino el sentido mismo de la democracia y de la libertad de expresión en la Argentina contemporánea.