El gobierno nacional consolida un modelo económico que combina recesión profunda, destrucción del empleo y transferencia regresiva de ingresos, mientras presenta el deterioro social como un daño necesario y permanente. El ajuste deja de ser una etapa transitoria y se transforma en una política estructural.

La Argentina atraviesa uno de los procesos de ajuste más intensos desde el retorno de la democracia, impulsado por el gobierno de Javier Milei bajo la premisa de que no existe alternativa al sacrificio social. El programa económico vigente, lejos de estabilizar la economía o sentar bases de crecimiento, profundiza la recesión, paraliza la producción y deteriora aceleradamente las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

La caída del consumo interno, el cierre de pequeñas y medianas empresas y la pérdida sostenida de puestos de trabajo configuran un escenario de contracción generalizada. El salario real y las jubilaciones se licúan mes a mes, mientras la inflación se desacelera no por una expansión virtuosa de la oferta, sino por la asfixia deliberada de la demanda. En este esquema, la recesión funciona como ancla inflacionaria y como disciplinador social.

El ajuste no opera de manera neutral. El recorte del gasto público se concentra en áreas sensibles como políticas sociales, educación, ciencia, salud e infraestructura, mientras se preservan beneficios fiscales y financieros para sectores concentrados. La redistribución del ingreso se produce en sentido inverso: del trabajo al capital, de los sectores populares a los grandes actores económicos.

En paralelo, el Gobierno avanza en una ofensiva sobre los derechos laborales bajo el argumento de la “modernización”, promoviendo reformas que debilitan la estabilidad en el empleo, abaratan despidos y amplían la precarización. La promesa de que la flexibilización generará trabajo se repite como dogma, pese a la evidencia histórica que demuestra lo contrario: menos derechos no implican más empleo, sino mayor desigualdad.

Este modelo económico se sostiene sobre una narrativa que glorifica el ajuste como virtud moral y desacredita cualquier forma de intervención estatal como un obstáculo. La política queda reducida a una lógica contable, donde el equilibrio fiscal se convierte en fin último, aun cuando se alcance a costa del deterioro social y la fragmentación del entramado productivo.

El resultado es una Argentina en estado de shock permanente, donde la incertidumbre se vuelve regla y el horizonte de desarrollo se diluye. La falta de una estrategia productiva, industrial y de generación de empleo revela que el ajuste no es un puente hacia un futuro mejor, sino un proyecto en sí mismo.

La discusión de fondo no es técnica ni coyuntural, sino profundamente política. Se trata de definir si el país acepta un modelo que naturaliza la exclusión y el empobrecimiento como precio inevitable, o si recupera la idea de que el crecimiento económico, la justicia social y el trabajo con derechos no solo son compatibles, sino indispensables para una democracia plena y una nación viable.