La CGT leyó un documento político en el acto central frente a la Casa Rosada en el que denunció que el proyecto oficial no genera empleo, destruye derechos laborales y profundiza un modelo de ajuste y recesión que castiga al trabajo y favorece al capital concentrado.

La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó de manera contundente el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei durante el acto realizado en Plaza de Mayo, donde leyó un documento político que advirtió sobre las consecuencias regresivas de la iniciativa oficial y denunció un ataque directo a los derechos conquistados por la clase trabajadora.

En el texto, la central obrera sostuvo que la reforma no tiene como objetivo la creación de empleo sino la flexibilización extrema de las relaciones laborales, el abaratamiento de los despidos y la consolidación de un modelo que traslada el costo del ajuste a las y los trabajadores en un contexto de profunda recesión económica.

El documento leído ante una Plaza de Mayo colmada señaló que el Gobierno repite el mismo discurso que utilizó para imponer la Ley Bases, cuyas consecuencias —según la CGT— ya están a la vista: pérdida masiva de puestos de trabajo, cierre de pequeñas y medianas empresas, aumento de la informalidad y caída sostenida del poder adquisitivo. Para la central sindical, lejos de incentivar la inversión o el empleo, las reformas promovidas por el oficialismo profundizan la desindustrialización y la primarización de la economía.

La CGT cuestionó especialmente la idea de que el empleo pueda generarse mediante la reducción de derechos laborales y alertó sobre figuras como la ampliación del período de prueba, los fondos de cese laboral en reemplazo de la indemnización y la proliferación de vínculos sin protección legal, que colocan a las y los trabajadores en una situación de mayor vulnerabilidad frente al poder empresario.

En ese marco, el documento reafirmó que el trabajo no puede ser tratado como un costo de ajuste sino como un derecho humano fundamental, y subrayó la necesidad de políticas económicas que impulsen el mercado interno, la industria nacional y el rol del Estado como garante del desarrollo y la justicia social.

Finalmente, la central obrera ratificó la continuidad del plan de acción sindical y llamó a sostener la unidad del movimiento obrero frente al avance del programa libertario, al que definió como funcional a los intereses del capital financiero y contrario a los principios históricos del trabajo digno y con derechos.