El fundador de WikiLeaks presentó una querella criminal en Suecia contra la entrega del Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado, acusando malversación de fondos y complicidad con crímenes de guerra en un contexto de escalada militar estadounidense.

Julian Assange presentó este miércoles 17 de diciembre una denuncia penal formal ante la Autoridad Sueca contra el Crimen Económico (Ekobrottsmyndigheten) y la Unidad de Crímenes de Guerra (Krigsbrottsenheten), acusando a la Fundación Nobel y a treinta de sus principales directivos de malversación y complicidad con crímenes de guerra tras otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a la política opositora venezolana María Corina Machado. La querella, elaborada por la abogada Jennifer Robinson del bufete londinense Doughty Street Chambers, combina derecho testamentario sueco, derecho penal internacional y política contemporánea, y sostiene que los administradores del premio violaron el testamento fundacional de Alfred Nobel al entregar fondos a una persona que promovió activamente la intervención militar estadounidense en Venezuela.

El documento de nueve páginas detalla que la decisión de premiar a Machado constituye una malversación agravada (grov förskingring), ya que “Alfred Nobel dotó este premio para la paz, no para la guerra”, y cualquier desembolso que contradiga ese mandato “constituye un acto de criminalidad grave”. Según la querella, la Fundación Nobel tiene la custodia fiduciaria de los fondos y la obligación de impedir que el premio se use para “promover o facilitar crímenes de agresión, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra”.

La querella incluye un registro cronológico inverso de declaraciones públicas de Machado en 2025 que, según Assange, la descalifican como receptora del premio:

15 de diciembre de 2025 (CBS Face the Nation, desde Oslo): “Dedico este premio al presidente Trump porque finalmente ha puesto a Venezuela donde debería estar: como prioridad de seguridad nacional de EE.UU.”

30 de octubre de 2025 (Bloomberg): “La escalada militar puede ser la única vía… Estados Unidos puede necesitar intervenir directamente”.

17 de octubre de 2025 (comunicado tras llamar a Benjamin Netanyahu): “Expresó su gran aprecio por sus decisiones y acciones resueltas en el curso de la guerra” en Gaza.

Octubre de 2025 (Fox News): Justificó los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones civiles cerca de Venezuela.

5 de octubre de 2025 (The Sunday Times): Calificó de “visionarios” los ataques de Trump y declaró: “Apoyo totalmente su estrategia”.

Febrero de 2025 (entrevista con Donald Trump Jr.): “Vamos a expulsar al gobierno del sector petrolero… las empresas estadounidenses ganarán mucho dinero… olvídense de Arabia Saudita, nosotros tenemos más petróleo”.

La querella sitúa la concesión del Nobel dentro de un contexto de escalada militar estadounidense sin precedentes en la región, describiendo el despliegue progresivo de fuerzas desde agosto de 2025:

Septiembre de 2025: Despliegue inicial de siete buques de guerra y un submarino nuclear con 4.500 efectivos en el Caribe meridional.

15 de octubre de 2025: Presencia militar aumenta a 10.000 efectivos y se autorizan operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.

21 de noviembre de 2025: La administración Trump designa a elementos de las fuerzas armadas venezolanas como “Organización Terrorista Extranjera”, proporcionando “un conjunto completamente nuevo de opciones para Estados Unidos”.

Diciembre de 2025: Presencia militar descrita como “el mayor despliegue estadounidense en el Caribe desde la Crisis de los Misiles en 1962”, incluyendo el portaaviones USS Gerald R. Ford y ejercicios anfibios en Puerto Rico.

La denuncia cita al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que calificó los ataques costeros de EE.UU. contra embarcaciones civiles como “ejecuciones extrajudiciales”, y al secretario general Antonio Guterres, quien instó a “abstenerse de acciones que puedan aumentar las tensiones bilaterales y desestabilizar a Venezuela y la región”.

Entre los acusados, la querella identifica a 30 personas naturales y jurídicas, incluyendo a Astrid Söderbergh Widding, presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Nobel; Hanna Stjärne, directora ejecutiva; Emma Bergström, directora financiera; miembros del comité de inversiones y fideicomisarios (Fullmäktige) y sus suplentes. Los delitos imputados bajo legislación sueca incluyen: malversación y malversación agravada (Brottsbalken Capítulo 10), conspiración para cometer delitos (Capítulo 9), y facilitación de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra según la Ley 2014:406.

La querella recuerda un precedente de 2018, cuando la Fundación Nobel suspendió el Premio Nobel de Literatura durante el escándalo de la Academia Sueca vinculado a Jean-Claude Arnault, reafirmando que la Fundación tiene autoridad supervisora sobre los premios y sus desembolsos. “La falta de intervención en este caso, a pesar de los crímenes de guerra estadounidenses y el papel clave de Machado en promover la agresión, constituye abuso de confianza”, afirma el documento.

Además, la denuncia cita apoyos significativos: el laureado Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, quien declaró que otorgar el premio “a alguien que llama a la invasión extranjera es una burla al testamento de Alfred Nobel”, y una declaración conjunta de 21 organizaciones noruegas de paz que afirmó: “Machado es lo opuesto a un laureado de la paz”.

Las medidas solicitadas por Assange incluyen:

Congelamiento inmediato de la transferencia pendiente de 11 millones de coronas suecas y devolución segura de la medalla.

Investigación criminal completa de todas las personas nombradas por los delitos señalados.

Incautación de actas de reuniones, correos electrónicos, chats grupales y registros financieros de la Fundación.

Interrogatorio de los principales sospechosos, comenzando por la presidenta y la directora ejecutiva.

Remisión a la Corte Penal Internacional bajo el Artículo 25(3)(c) del Estatuto de Roma por facilitación de crímenes internacionales.

El caso plantea una cuestión ética y de credibilidad global: ¿puede un premio diseñado para promover la paz permanecer neutral cuando su galardón es instrumentalizado para legitimar acciones que organismos internacionales califican como crímenes de guerra? La querella evidencia la tensión entre la autonomía del Comité Noruego de selección y la responsabilidad fiduciaria de la Fundación Sueca, mostrando cómo el Nobel de la Paz se ha convertido en el siglo XXI en un campo de batalla geopolítico donde se disputan narrativas sobre soberanía, intervención humanitaria y el significado de la paz.

Mientras las autoridades suecas evalúan si proceden a investigar, el mundo observa. El veredicto, ya sea jurídico o político, podría redefinir no solo el destino del premio, sino los límites de la complicidad institucional en conflictos internacionales, poniendo en juego no solo 11 millones de coronas suecas, sino la credibilidad duradera de un símbolo global de paz en un momento crítico para América Latina.