Hugo Yasky desarmó los principales argumentos del oficialismo sobre la reforma laboral y advirtió que el proyecto no busca crear empleo, sino debilitar la negociación colectiva y avanzar hacia un modelo de precarización estructural.

El diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, cuestionó con datos concretos los fundamentos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y sostuvo que se trata de un proyecto orientado a disciplinar a los trabajadores y debilitar al movimiento sindical, antes que a generar empleo o reducir la informalidad.

Uno de los ejes centrales del discurso oficial sostiene que la legislación laboral argentina “está atrasada” y que los convenios colectivos “son de 1975”. Yasky calificó esa afirmación como falsa y recordó que, si bien 1975 fue un año clave por la cantidad de convenios firmados, la dictadura iniciada en 1976 anuló la actividad sindical y prohibió la negociación colectiva. Desde la recuperación democrática, explicó, se firmaron numerosos convenios colectivos, con un pico significativo entre 2003 y 2015, período en el que se expandió el empleo registrado.

El dirigente también señaló que Argentina ya atravesó procesos de flexibilización laboral con argumentos similares a los que hoy esgrime el Gobierno. Enumeró la Ley de Empleo de 1991, los decretos de flexibilización firmados por Carlos Menem en 1996, que introdujeron el período de prueba, y la Ley de Reforma Laboral de 2000, conocida como “Ley Banelco”, impulsada durante el gobierno de Fernando de la Rúa. En todos los casos, el objetivo declarado fue la creación de empleo formal. El resultado, subrayó Yasky, fue el aumento del desempleo, que llegó a alcanzar al 25% de la población económicamente activa.

En ese marco, cuestionó que el debate se reduzca a la antigüedad de las normas. Como ejemplo, recordó que la ley que establece la jornada laboral de 48 horas semanales data de 1929, es decir, tiene casi un siglo de vigencia, pero no figura entre las normas que el oficialismo considera necesario “actualizar”. Incluso citó al actual secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, abogado del grupo Techint, quien se manifestó en contra de reducir la jornada laboral y desestimó la necesidad de ampliar los tiempos de descanso.

Otro de los argumentos que Yasky refutó es el que sostiene que la reforma “no afecta a nadie” porque la mayoría de los trabajadores se desempeña en la informalidad. Según datos oficiales citados por el dirigente, en Argentina existen 10.078.068 asalariados registrados, cuyas condiciones laborales y salariales se verían directamente impactadas por la reforma. Para Yasky, precarizar a más de 10 millones de trabajadores formales no sólo deteriora sus ingresos y derechos, sino que afecta al conjunto de la economía, ya que el empleo registrado sostiene buena parte del consumo interno.

El diputado advirtió además que empleo formal e informal no son esferas separadas. La reducción del poder de negociación salarial, la facilitación de despidos sin causa y el abaratamiento de las indemnizaciones presionan a la baja sobre todo el mercado laboral, profundizando la precarización generalizada. En ese sentido, sostuvo que si la reforma no tuviera efectos reales, no estaría siendo elaborada por los principales estudios jurídicos ligados al gran empresariado.

Para Yasky, el objetivo central del proyecto no es reducir el costo laboral ni generar empleo, sino disciplinar a los trabajadores a nivel individual y colectivo, debilitando al movimiento sindical y al peronismo como proyecto de país productivo e integrado socialmente. Ese camino, afirmó, busca avanzar hacia un esquema similar al denominado “modelo peruano”, citado como referencia por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según el dirigente, ese modelo se caracteriza por niveles de informalidad cercanos al 80%, ausencia de empleo registrado, debilitamiento del sistema previsional y una estructura económica profundamente desigual. “No hay industria, no hay jubilaciones y no se mide siquiera la desocupación”, advirtió.

En un contexto de ajuste, recesión y ofensiva contra los derechos laborales, los cuestionamientos de Yasky se suman a las advertencias de centrales sindicales y sectores de la oposición, que denuncian que la reforma laboral del Gobierno no representa una modernización, sino un nuevo intento de reinstalar un esquema de flexibilización que ya fracasó y dejó como saldo más precariedad y desigualdad.