Organismos históricos, centrales sindicales y organizaciones sociales denunciaron el vaciamiento de las políticas de memoria, el ajuste económico y el avance de un modelo represivo y excluyente impulsado por el gobierno nacional.

El 11 de diciembre de 2025, a 42 años de la recuperación democrática y a dos del inicio del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, la Plaza de Mayo volvió a colmarse en una masiva movilización en defensa de los derechos humanos. La convocatoria, bajo la consigna “Derechos Humanos en Movimiento”, reunió a organismos históricos, centrales obreras, movimientos sociales y espacios políticos que advirtieron sobre el deterioro de las condiciones de vida, el retroceso de derechos y el desmantelamiento de las políticas de memoria.

La jornada se desarrolló en un contexto marcado por el ajuste económico, la recesión y el aumento de la conflictividad social. Desde el escenario, las organizaciones denunciaron que el modelo impulsado por el Gobierno se apoya en la exclusión, la desindustrialización, el endeudamiento externo y la pérdida de soberanía sobre los recursos naturales, con un impacto directo sobre los sectores populares.

Uno de los ejes centrales de la movilización fue la emergencia en materia de Memoria, Verdad y Justicia. Los convocantes alertaron sobre el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, degradada a Subsecretaría, y señalaron que los recortes afectan el funcionamiento de los espacios de memoria, el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad y la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante la dictadura. “Menos Estado significa menos derechos”, sintetizaron.

Las denuncias se extendieron al plano social. En el documento leído durante el acto se enumeraron las luchas de jubilados, personas con discapacidad, trabajadores de la educación y la salud, estudiantes universitarios, feminismos y diversidades, comunidades originarias y habitantes de barrios populares. También se cuestionó la quita de alimentos y medicamentos, la eliminación de pensiones por discapacidad y el fortalecimiento del aparato represivo del Estado.

En ese marco, las organizaciones señalaron que la doctrina de seguridad aplicada por el Gobierno dejó más de 1.300 manifestantes heridos en distintas protestas, y mencionaron el caso del fotógrafo Pablo Grillo, gravemente lesionado durante una represión. Además, denunciaron la persecución política y judicial contra opositores, reclamaron la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y de Milagro Sala, y apuntaron contra un Poder Judicial al que calificaron como “rápido para perseguir y lento para juzgar los crímenes del terrorismo de Estado”.

La movilización recuperó la memoria histórica de la Plaza de Mayo como escenario de las grandes luchas contra la impunidad: el rechazo a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, a los indultos y al fallo del 2×1 para genocidas. En ese sentido, volvieron a exigir que se rompan los pactos de silencio, que se conozca el destino de los desaparecidos y que se avance en la restitución de identidades, al tiempo que reclamaron justicia por Jorge Julio López.

La convocatoria fue impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S., el CELS, la APDH, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el SERPAJ y las dos CTA, junto a una extensa nómina de organizaciones sindicales, sociales y políticas. La amplitud del arco convocante volvió a expresar que la defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia sigue siendo un punto de unidad frente a un gobierno al que acusan de reinstalar la crueldad y la violencia como política de Estado.

En un escenario de ajuste profundo y creciente deterioro social, la Plaza volvió a funcionar como termómetro político. Para las organizaciones, la movilización del 11 de diciembre no fue un hecho aislado, sino parte de un proceso de resistencia que busca frenar el retroceso de derechos y sostener un horizonte de justicia social frente a un modelo que consideran excluyente y antidemocrático.