El gobierno interrumpe los recursos por ley para cientos de espacios culturales, poniendo en riesgo su supervivencia y amenazando con mayor vulnerabilidad y exclusión en los barrios

Las bibliotecas populares de todo el país se encuentran en alerta y movilizadas ante la interrupción sostenida por parte del gobierno nacional de los fondos que, por ley, les corresponden para su funcionamiento. Estos recursos, que no representan una carga para el presupuesto ya que provienen de un porcentaje de lo recaudado por los juegos de azar, son el sustento vital de cientos de instituciones que garantizan el acceso a la cultura, la educación y la contención social en los barrios más postergados. Su retiro no es un ajuste contable, sino un ataque planificado a la infraestructura cultural comunitaria que dejará a miles de personas, especialmente niños y jóvenes, sin un espacio seguro de pertenencia.

La posible reducción o cierre masivo de estas bibliotecas implica mucho más que la pérdida de libros: significa la desaparición de refugios que brindan apoyo escolar, talleres, acceso a la lectura y actividades que tejen lazos comunitarios. “Donde una biblioteca cierra, aumenta la vulnerabilidad social, se debilitan los lazos comunitarios y se amplían las condiciones que favorecen la inseguridad y la presencia del narcotráfico en los barrios”, advierte la gacetilla de prensa del sector, vinculando directamente el desfinanciamiento cultural con el deterioro social. El mensaje es claro: la biblioteca no es un lujo, es una trinchera contra la exclusión.

Esta medida se enmarca en la política de ajuste salvaje del gobierno de Javier Milei, que ya ha recortado programas científicos, paralizado obras públicas y congelado jubilaciones, priorizando siempre el pago de deuda al FMI y los beneficios fiscales para grandes conglomerados económicos por sobre las necesidades básicas de la población. Ahora, el objetivo es la cultura popular: esos espacios autogestionados que, con mínimo presupuesto, logran contener, educar y democratizar el saber en lugares donde el Estado brilla por su ausencia.

Las bibliotecas populares cumplen una función social insustituible: garantizan el derecho a la cultura, promueven la igualdad de oportunidades y fortalecen la cohesión comunitaria. Su sostenimiento no es un gasto, sino una inversión en el bienestar y el futuro de la sociedad”, sostiene el comunicado, que convoca a la ciudadanía, organizaciones sociales y medios a visibilizar y resistir este nuevo ataque. La defensa de estos espacios es, en definitiva, la defensa de un modelo de país donde la cultura no es un privilegio de élite, sino un derecho popular. Y en esa pulseada, cada biblioteca que resiste es un acto de desobediencia al proyecto de un país sin memoria, sin libros y sin futuro.