En rechazo a la reforma laboral de Milei, las centrales obreras tildaron el proyecto de “precarizador” y “redactado por los grandes grupos empresarios”. Anunciaron una marcha federal a Plaza de Mayo y al Congreso para exigir su rechazo.

La Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA-T) y la Central de Trabajadores Autónoma (CTA-A) declararon este jueves un estado de “movilización permanente” y convocaron a una movilización nacional para el próximo 18 de diciembre. La medida es en respuesta al proyecto de Ley de Modernización Laboral que el Gobierno de Javier Milei envió hoy al Senado, al que calificaron como un instrumento para “precarizar el empleo y desproteger a los trabajadores”.

El llamado a la movilización se realizará en conjunto con la CGT y tendrá como epicentro la Plaza de Mayo, replicándose en “todas las plazas del país”. El objetivo directo, según expresaron las centrales en un duro comunicado, es “exigir su rechazo dentro del Congreso”.

Las CTA sostienen que la iniciativa oficial “no moderniza nada” y aseguran que fue “redactada en los estudios de abogados de los grandes grupos empresarios”. Afirman que el texto utiliza a las PyMEs como “pretexto” para cumplir su “verdadero propósito” de desregular el mercado laboral en beneficio del capital.

El comunicado enumera los puntos más críticos del proyecto. Señala que “ataca derechos fundamentales” al debilitar la presunción de relación laboral, “facilitando el fraude”; promover la “tercerización irresponsable”; introducir “salarios dinámicos que destruyen la estabilidad”; y abaratar los despidos, “transfiriendo su costo al Estado y desfinanciando el sistema previsional”. Además, acusa a la reforma de “vulnerar garantías constitucionales como las vacaciones y la jornada laboral” y de “buscar desarticular la acción sindical colectiva”.

En el plano político, las CTA articularon de inmediato con la oposición. Este jueves mantuvieron reuniones con el interbloque de senadores de Unión por la Patria, encabezado por José Mayans y Juliana Di Tullio, para “concretar acuerdos en rechazo al paquete de leyes”. Previamente, ya se habían reunido con el bloque de diputados del mismo espacio para “desarrollar una estrategia común”.

Las centrales advirtieron que, de aprobarse, la reforma “profundizará la informalidad, reducirá el poder adquisitivo y agravará la crisis económica”. Finalizaron su declaración vinculando el proyecto al “interés del gran capital” y oponiéndolo a la construcción de “una patria más justa, libre y soberana”, en línea con la retórica del peronismo histórico y los gobiernos kirchneristas.

La convocatoria del 18 de diciembre se perfila como la primera gran respuesta de calle contra la agenda legislativa de Milei, marcando un frente unificado entre las centrales obreras y la oposición parlamentaria.