El proyecto no es una reforma, es una capitulación: entrega a los trabajadores atados de pies y manos al arbitrio patronal, destruye un siglo de conquistas y legaliza la esclavitud del siglo XXI

El gobierno de Javier Milei lanzó su proyecto de reforma laboral, un documento que debería titularse “Ley de Eliminación Sistemática de los Derechos del Trabajo”. Lejos de cualquier eufemismo sobre “modernización”, lo que el Consejo de Mayo firmó este 9 de diciembre es la rendición incondicional de los trabajadores argentinos ante el capital más voraz. Cada punto del texto es una puñalada a las conquistas históricas del movimiento obrero: desde la eliminación de la ultraactividad –que deja a los convenios colectivos vencidos y a los trabajadores en la intemperie– hasta la creación del infame “salario dinámico”, que convierte el sustento familiar en una variable de ajuste según la ganancia del patrón. Es, en esencia, la legalización del trabajo precario como norma y la consagración de la desigualdad como motor económico.

La eliminación de la ultraactividad no es un tecnicismo: es la trampa perfecta para que los sindicatos negocien desde la desesperación, con el reloj corriendo y los afiliados ya desprotegidos. La prioridad de los convenios por empresa sobre los nacionales es la estrategia del divide y reinarás: rompe la solidaridad de clase y permite que cada empresario imponga su ley en su feudo. Y el “salario dinámico” es la perversión máxima: tu pan de cada día dependerá de un índice de productividad que definirá tu propio explotador. No es flexibilización; es la vuelta al capricho del señor feudal, ahora con planilla Excel.

Pero la bajeza no termina ahí. Los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) son la estafa legalizada: un sistema para que las empresas se ahorren las indemnizaciones y los trabajadores reciban migajas administradas por fondos privados. El banco de horas es el robo de tiempo disfrazado de “flexibilidad”: horas extra que nunca se pagarán como tales, regaladas al patrón en los picos de producción. Y la derogación de la Ley de Teletrabajo es el mensaje claro: ni siquiera el derecho a desconectarse en tu propia casa te pertenece.

Para los repartidores de apps, el régimen especial es la consagración de la explotación 4.0: les dan un carnet de “independientes” para seguir negándoles obra social, aguinaldo y vacaciones, mientras las plataformas facturan millones. Y por si algún sindicato osa resistir, la limitación del derecho de huelga en “servicios esenciales” –definidos a dedo por el poder– amenaza con quitar personerías gremiales y criminalizar la protesta. Es el manual completo del autoritarismo patronal: calladitos y sumisos, o desaparecidos.

Este proyecto no viene a “ordenar” nada. Viene a enterrar un siglo de luchas obreras, a dinamitar la negociación colectiva y a convertir el trabajo en una mercancía desechable. Es la ideología libertaria en su esencia más cruda: el sueño húmedo de los CEO donde los trabajadores no tienen derechos, sólo deberes; donde los sindicatos son un estorbo y la pobreza, un incentivo. Milei no reforma el trabajo; lo liquida. Y lo hace con la complicidad de una clase empresarial que siempre anheló volver a los tiempos donde el patrón era dios y el obrero, siervo. La resistencia no es una opción; es una obligación histórica.