El gobernador exigió a la Legislatura aprobar el endeudamiento para cubrir vencimientos de la deuda de Vidal y paliar la "asfixia financiera" nacional - La Provincia perdió 5.000 empresas y tiene mil obras frenadas

Axel Kicillof expuso este lunes la dimensión del desastre económico que el Gobierno nacional provoca en la provincia de Buenos Aires: $13 billones no girados, u$s2.500 millones de coparticipación retenida, 172.000 puestos de trabajo evaporados y 5.000 empresas cerradas en menos de un año. Ante este cuadro de "asedio financiero", el gobernador reclamó a la Legislatura bonaerense la urgente aprobación de la Ley de Financiamiento que autoriza renovar vencimientos por u$s3.635 millones —deuda original de la gestión de María Eugenia Vidal— para evitar el colapso de servicios esenciales y garantizar que los municipios puedan pagar aguinaldos. "No estamos dispuestos a pagar con plata de salud y educación una deuda que no tomamos", afirmó en la Casa de Gobierno rodeado de intendentes, gremios y organismos de derechos humanos.

Los números que presentó Kicillof en el Salón Dorado de La Plata no solo grafican el ajuste brutal sobre la provincia más poblada del país, sino que desnudan la estrategia económica del Gobierno nacional: mientras la construcción se derrumbó 25%, la industria 10% y el comercio 8%, el gobierno de Javier Milei retiene sistemáticamente los recursos que por ley corresponden a Buenos Aires. "El robo a la provincia es de 13 billones de pesos, o u$s9.000 millones. Milei también nos quitó u$s2.500 millones de recaudación", detalló el mandatario, quien ya presentó múltiples reclamos ante la Corte Suprema por estos incumplimientos. La situación es tan crítica que "mil obras están frenadas" en todo el territorio provincial, paralizando inversiones en infraestructura, vivienda y servicios públicos.

Esta asfixia financiera deliberada contrasta, según Kicillof, con la "fiesta en el mundo financiero" que promueve el Gobierno nacional, que mientras "asfixia a las provincias" también les quita capacidad de respuesta reteniendo fondos esenciales. La ley que se debate este miércoles —y que cayó el viernes por falta de quórum— no busca nuevos créditos sino refinanciar compromisos heredados de la anterior gestión, destinando además el 8% de lo obtenido a un Fondo Municipal de más de $340.000 millones. Este dinero es vital para que los 135 distritos bonaerenses paguen salarios, aguinaldos y servicios básicos en un contexto donde "muchos municipios tienen complicaciones para pagar gastos corrientes", según admitió el propio gobernador.

La resistencia a aprobar la norma —que requiere dos tercios de la Legislatura— expone, más que diferencias internas, la estrategia del Gobierno nacional de debilitar a las provincias opositoras mediante el estrangulamiento fiscal. Kicillof recordó que Buenos Aires "contribuye con el 38% de la recaudación impositiva pero recibe menos del 7%", y aun así mantiene "uno de los menores gastos públicos por habitante" del país junto con Córdoba. La demora en tratar el proyecto, que ya tiene media sanción presupuestaria, pone en riesgo inmediato el pago de aguinaldos, el funcionamiento de hospitales y escuelas, y la asistencia alimentaria en los barrios más humildes donde "las familias se endeudan porque no les alcanza la plata".

El gobernador cerró su exposición con un llamado a priorizar "a los 17 millones de bonaerenses" por sobre cualquier negociación política o diferencia faccional, en un claro mensaje a legisladores que podrían entorpecer la herramienta. "No hay negociación que deba condicionar algo de esta importancia", afirmó, subrayando que la provincia sigue inaugurando centros de salud, entregando ambulancias y reforzando el servicio alimentario escolar "porque trabajamos con dedicación, planificación, austeridad y sensibilidad". Pero necesitan este instrumento financiero para seguir funcionando mientras reclaman judicialmente lo que el Gobierno nacional "nos roba". Este miércoles la Legislatura definirá si le da a la provincia el resguardo para resistir el ajuste o la deja inerme frente al estrangulamiento fiscal ordenado desde Nación, en una votación que marcará el destino de la gobernabilidad bonaerense ante la ofensiva económica del gobierno de Milei.