Miles de trabajadores del Ministerio de Capital Humano se movilizaron contra los despidos anunciados, pero fueron reprimidos con gases lacrimógenos y balas de goma. Con 15 heridos y un operativo desproporcionado, el gobierno busca reducir hasta un 70% el área de Desarrollo Humano, dejando en riesgo programas esenciales para los sectores más vulnerables.

El Ministerio de Capital Humano se encuentra en el ojo de la tormenta. Con los contratos de 2800 trabajadores a punto de vencer el próximo 28 de febrero, el gobierno anunció despidos masivos que podrían reducir el área de Desarrollo Humano entre un 50% y un 70%. Este miércoles, miles de empleados estatales se movilizaron hacia las oficinas de la ministra Sandra Pettovello para rechazar las medidas, pero lo que encontraron fue un operativo de seguridad desproporcionado y violento. Las fuerzas de seguridad, integradas por la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, reprimieron la protesta con gases lacrimógenos y balas de goma, dejando un saldo de 15 heridos, entre ellos cinco con impactos de postas de goma. Uno de los manifestantes debió ser derivado al hospital Santa Lucía con lesiones graves en los ojos, mientras que otro quedó en observación por un golpe en el oído.

El operativo comenzó desde temprano, con un despliegue intimidante que incluyó efectivos con escudos, policía motorizada y personal de civil. Los trabajadores, que habían planeado un acto breve con megáfonos tras ser impedidos de usar un camión como palco, no pudieron sostener la protesta más de diez minutos. Daniel Catalano, titular de ATE Capital, fue uno de los afectados por los gases lacrimógenos. “La policía tenía órdenes de no dejarnos siquiera permanecer en la vereda. Hablamos, insistentemente, les planteamos que iba a durar 20 minutos, pero no hubo posibilidad de acordar”, relató. La represión dejó a varios manifestantes con quemaduras en la piel por los químicos, y sus compañeros debieron auxiliarlos tirándoles leche en la cara para aliviar el ardor. Al menos diez personas fueron trasladadas en una camioneta de ATE hacia hospitales cercanos.

Los manifestantes eran trabajadores de áreas clave como Desarrollo Social y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, responsables de implementar programas de asistencia directa a los sectores más vulnerables. Aunque la mayoría trabaja en oficinas de la Ciudad de Buenos Aires, también hubo delegaciones del interior del país, incluyendo trabajadores de centros de referencia que viajaron expresamente para sumarse al reclamo. Ingrid Manfred, secretaria general de la Junta de ATE en Desarrollo Social, advirtió sobre el “exterminio de las políticas sociales”. “El año pasado ya fueron despedidos 1800 trabajadores del ministerio. Ahora quieren hacer nuevos despidos masivos. Las áreas de Desarrollo Humano tienen 5400 trabajadores, de ellos hay 2800 con contratos que vencen el 28 de febrero y lo que circula en los pasillos es que quieren echar a entre el 50 y 70 por ciento del total, no sólo a contratados sino a trabajadores de planta; esto dejaría al ministerio achicado a su mínima expresión”, afirmó.

Manfred destacó que los despidos afectarán programas esenciales como la asistencia directa a los más pobres, el acceso a medicamentos para jubilados y el abordaje de familias en situación de vulnerabilidad. “Acá no hay ñoquis, acá no hay casta: acá hay profesionales, administrativos y trabajadores sociales que todos los días vienen a su puesto de trabajo para hacer valer los derechos de los que menos tienen”, subrayó. La nueva ola de despidos es una medida impulsada por Federico Sturzenegger, ministro de Transformación y Desregulación del Estado, quien busca reducir el gasto público utilizando las facultades delegadas por la Ley Bases. Sin embargo, los trabajadores denuncian que estas políticas no solo afectan a los empleados estatales, sino que también dejan sin recursos a los sectores más vulnerables de la sociedad. “Lo que está pasando es cruel y es criminal”, concluyó Manfred.