El informe final presentado en Diputados apunta a Javier Milei y a funcionarios vinculados con la promoción de la criptomoneda. La investigación revela pérdidas millonarias para miles de personas y posibles pagos indirectos.

Tras meses de trabajo y obstáculos, la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA presentó su informe final en la Cámara de Diputados. La investigación señala que la maniobra reúne características compatibles con una presunta estafa y resalta la participación activa de Javier Milei en la difusión y aval de la criptomoneda.

El informe recoge documentación de exchanges, fechas de transferencias y testimonios que indican que la operación concentró beneficios en un grupo reducido de personas, mientras miles de usuarios registraron pérdidas significativas. Entre los involucrados aparecen intermediarios locales que habrían recibido dinero a través de las plataformas digitales, y se menciona la posible relación con pagos indirectos a funcionarios públicos.

Según la Comisión, $LIBRA no fue un hecho aislado: se enmarca en un patrón repetido en otras criptomonedas vinculadas a los mismos actores, que incluyen $KIP, CoinX y Vulcano. Además, se detectó una intención de monetizar la imagen presidencial mediante acuerdos con intermediarios y la promoción directa de la moneda.

El presidente de la Comisión, Maximiliano Ferraro, destacó que, a pesar de la negativa de funcionarios a declarar y las limitaciones judiciales, se logró avanzar con evidencia suficiente para emitir un informe sólido. La comisión recomienda al Congreso evaluar responsabilidades políticas y, al mismo tiempo, derivar toda la información al juzgado que sigue la causa, así como promover denuncias penales contra quienes obstaculizaron la investigación.

El caso $LIBRA deja al descubierto no solo riesgos financieros para miles de argentinos, sino también la falta de controles estatales previos y la influencia de figuras políticas en esquemas de inversión que pueden derivar en estafas de gran escala. La resolución de este capítulo será clave para definir el rol del Parlamento en la supervisión de maniobras económicas de alto impacto.