El oficialismo porteño logró destrabar la sesión para aprobar el presupuesto 2026 y avanzar con la creación del sistema penitenciario local, tras ceder a las demandas fiscales de LLA y sumar el apoyo de la UCR y del interbloque larretista.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, llegó a un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) para asegurar la sanción del presupuesto y de las leyes fiscales, tras ceder en cuestiones clave de alivio impositivo. La negociación refleja una Ciudad donde los intereses de los grandes grupos y los discursos de eficiencia estatal pesan más que las necesidades de los vecinos. El bloque violeta, empoderado por los triunfos electorales de mayo y octubre, había presionado por mayores rebajas de impuestos antes de convertirse en tercera minoría en la Legislatura.

LLA exigió exenciones en Ingresos Brutos para Fondos Comunes de Inversión, eliminación del Impuesto a los Sellos en créditos hipotecarios de vivienda única y financiamiento de tarjetas de crédito, entre otros puntos. Solo tras asegurar estas demandas, el bloque violeta confirmó su apoyo. La estrategia incluyó además la búsqueda de posiciones clave en la renovación de autoridades de la Legislatura, como la vicepresidencia segunda y la presidencia de la comisión de Presupuesto.

La tregua con Pro también implicó la modificación de otros textos asociados, como el Código Fiscal y la Ley Tarifaria, donde los cambios a instancias de LLA fueron avalados por la UCR y el interbloque larretista. Con estas maniobras, Macri logró reunir los 31 votos necesarios para aprobar las iniciativas, en un proceso que evidencia cómo la política porteña prioriza acuerdos de poder y beneficios sectoriales sobre inversiones sociales.

Desde Unión por la Patria, en tanto, criticaron las prioridades del oficialismo. Su bloque reclamó mayores beneficios para monotributistas y mayor inversión en vivienda, condicionando su apoyo a la ley de leyes y a las iniciativas conexas. Sin embargo, respaldaron la creación del sistema penitenciario local, incluyendo la Agencia Penitenciaria y la ley de ejecución penal, iniciativas que vienen siendo discutidas desde hace meses en comisiones de Justicia, Seguridad, Asuntos Constitucionales, Legislación del Trabajo y Presupuesto.

El acuerdo entre Pro y LLA, sumado al acompañamiento de la UCR y del interbloque larretista, no solo permite la aprobación de leyes clave, sino que refleja una lógica política donde la negociación fiscal y los cargos estratégicos definen el rumbo de la ciudad. Mientras la Legislatura avanza con estas iniciativas, sectores populares y organizaciones sociales observan cómo las prioridades de inversión se inclinan hacia los intereses corporativos, dejando de lado derechos, infraestructura social y necesidades de los vecinos.

La sesión que comienza este jueves a las 20.30 no solo definirá la sanción de estas leyes, sino que será un termómetro del equilibrio de fuerzas en la Ciudad: un escenario donde la prioridad no es el bienestar de la mayoría, sino la capacidad de cada bloque para imponer sus demandas y consolidar su poder.