La AJB pidió la destitución del juez Brissolese por acoso sexual, abuso de poder y un clima laboral insoportable que desnuda la impunidad con que funcionan ciertos sectores del Poder Judicial bonaerense.

La Asociación Judicial Bonaerense presentó una denuncia demoledora ante el Jurado de Enjuiciamiento contra el juez de Familia Alejandro Marcelo Brissolese, de San Martín, por hechos que van desde el acoso sexual explícito hasta la degradación absoluta del ambiente laboral. La decisión fue unánime. No se trata de un exceso aislado: es el retrato brutal de cómo operan todavía estructuras misóginas y patriarcales amparadas por la investidura judicial.

La denuncia describe un patrón persistente de hostigamiento hacia una trabajadora del Juzgado. Mensajes a cualquier hora, insinuaciones, comentarios sobre su cuerpo, invitaciones insistentes y la pretensión de construir una “intimidad” obligada bajo la sombra del poder institucional. Brissolese buscó manipularla con promesas de contactos, trámites y mejoras laborales a cambio de favores personales. El viejo libreto del abuso de poder, apenas maquillado por el WhatsApp.

Pero el acoso no fue el único delito moral. Brissolese convirtió el Juzgado en un espacio tóxico y paralizado. No resolvía causas, dejaba expedientes estancados durante años, desconocía fundamentos jurídicos básicos y descargaba su incapacidad en el personal. El resultado fue devastador: renuncias, traslados, licencias por enfermedad y un deterioro institucional que terminó obligando a la Suprema Corte a mover de urgencia a tres funcionarios.

Las trabajadoras padecieron un clima misógino que ya es viejo como el Palacio de Tribunales, pero sigue vivo. Comentarios sexistas, preguntas sobre quién les cuida a los hijos, insinuaciones sobre su vida privada, discriminación por género. La violencia no fue sólo individual: fue estructural, cotidiana, sostenida, legitimada desde el cargo.

La víctima principal del acoso sufrió las dos violencias que el poder judicial suele administrar con precisión quirúrgica: la psicológica y la económica. Su carrera quedó bloqueada. Su estabilidad, amenazada. Todo por haber dicho “no”. El castigo, como siempre en los feudos judiciales, llegó por los pasillos.

Quienes se atrevieron a testificar también fueron perseguidos. Hostigamiento diario, presiones constantes, maniobras para forzar renuncias. No fue un juez desbordado: fue un patrón de impunidad en su expresión más descarnada.

La AJB fue contundente: Brissolese vulneró derechos elementales, destruyó la salud laboral del Juzgado y comprometió la confianza pública en el sistema judicial. Y lo hizo amparado en un poder histórico que –sin control democrático ni perspectiva de género real– sigue habilitando abusos como si fueran parte natural del oficio.

El gremio reclama juicio político y destitución. No es sólo un trámite institucional: es una demanda urgente frente a un Poder Judicial que, todavía hoy, permite que operadores del derecho se comporten como señores feudales. La violencia laboral y de género dentro del Estado no es un problema menor: es la demostración más clara de que sin democratización judicial no hay justicia social posible.

La AJB lo dijo sin rodeos: ningún abuso de poder puede quedar impune. El desafío –para el gremio, para los feminismos, para las trabajadoras y para toda la sociedad– es que esta vez no gane el silencio corporativo que protege a los violentos con toga.