Más de 150 organizaciones sociales, sindicales y comunitarias reclaman que los bloques opositores habiliten los fondos que permitan enfrentar la deuda heredada, revertir el desfinanciamiento de Milei y proteger a las mayorías bonaerenses.

Más de 150 organizaciones sociales, comunitarias, políticas y sindicales de la provincia de Buenos Aires reclamaron a la Legislatura bonaerense que apruebe de manera urgente la Ley de Financiamiento solicitada por Axel Kicillof. El pedido, que llega en medio de una crisis económica acelerada por el ajuste nacional, denuncia que frenar el acceso al crédito es “contribuir al estrangulamiento financiero” que el gobierno de Javier Milei ejerce deliberadamente sobre la Provincia.

El documento acusa a la oposición legislativa —alineada al proyecto neoliberal de La Libertad Avanza— de usar la rosca parlamentaria para condicionar la gobernabilidad provincial y someter a Kicillof a una forma de extorsión política. Al bloquear el financiamiento, afirman las organizaciones, se impide afrontar la deuda heredada del período de María Eugenia Vidal y se agrava la situación de miles de familias que dependen de políticas públicas hoy asfixiadas por la Casa Rosada.

El comunicado advierte que el Gobierno nacional le retuvo a la Provincia 13 billones de pesos en recursos que históricamente correspondían a Buenos Aires, generando un desfinanciamiento estructural que impacta de lleno en alimentos, salud, educación, medicamentos para adultos mayores, inversión en infraestructura, programas de niñez, producción, cooperativas y pymes. En otras palabras: se castiga a la provincia más poblada del país, con el objetivo de forzar un ajuste que Kicillof se niega a aplicar sobre el pueblo trabajador.

Las organizaciones firmantes remarcan que no se trata de un debate técnico ni contable, sino de una disputa política de fondo: Milei busca despojar a la provincia de los recursos que garantizan derechos básicos, mientras la oposición bonaerense —dicen— actúa como “delegación parlamentaria del proyecto nacional”. Por eso exigen que los bloques dejen de especular y habiliten inmediatamente los fondos que permitan sostener servicios esenciales y evitar un colapso social mayor.

Entre las más de 150 organizaciones que firman el documento se cuentan el Movimiento Evita PBA, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Frente Social Peronista, el Frente Grande, el Movimiento Mayo, la Mesa Nacional PyF, el Frente Patria Migrante, el Movimiento Territorial Agustín Tosco, la CNCT, la Tupac Amaru, el Movimiento 17 de Noviembre, el Movimiento de Carenciados Adriana Vive, el Partido Piquetero, La Patria de los Comunes, movimientos territoriales, agrupaciones del peronismo provincial, organizaciones de jubilados y secretarías de acción social de sindicatos como Camioneros, SOMRA, SITRAIC, Seguridad Privada y otros espacios vinculados al trabajo y la producción.

El mensaje que atraviesa toda la gacetilla es claro: sin financiamiento, la Provincia queda sometida al ajuste nacional; con financiamiento, puede seguir garantizando derechos, obra pública, programas de acompañamiento comunitario, presencia del Estado en los barrios y protección social para las familias más afectadas por la crisis.

La articulación multisectorial que acompaña el pedido muestra un dato político clave: el campo popular bonaerense percibe que el conflicto por el financiamiento no es administrativo, sino histórico. Para estas organizaciones, lo que está en discusión es si se sostiene un proyecto de provincia inclusiva o si se habilita la avanzada neoliberal que busca desmontar el Estado y convertir a Buenos Aires en el laboratorio del ajuste más extremo.

El comunicado concluye con un llamado directo a la Legislatura: “Dejen de obstaculizar. Están jugando con el futuro de la Provincia”. Y sintetiza, sin eufemismos, la demanda de un pueblo que se organiza frente al saqueo: que la oposición deje de ser comparsa del gobierno nacional y vote los fondos que permitan defender a las mayorías bonaerenses.