Las comisiones porteñas firmaron dictamen para un proyecto que promete reintegración social y derechos de las víctimas, en un contexto donde la Ciudad evita discutir las condiciones reales del sistema penitenciario.

Las comisiones de Justicia, Presupuesto, Seguridad y Legislación del Trabajo de la Legislatura porteña dieron ayer dictamen favorable al proyecto de Ley de Ejecución de la Pena, una normativa que busca ordenar de manera integral el tratamiento de las personas condenadas en el ámbito de la Ciudad. El texto se presenta como un marco “moderno”, pero llega en un escenario atravesado por denuncias de sobrepoblación, falta de controles civiles efectivos y políticas de seguridad orientadas más al castigo que a la reinserción.

El corazón del proyecto es el Plan de Vida, un programa individualizado que contempla educación, trabajo, salud y reparación del daño causado a las víctimas. La iniciativa plantea que la reintegración social debe ser una parte constitutiva de la ejecución penal y no una instancia residual, algo que la propia Ciudad ha incumplido históricamente.

Por primera vez, la normativa incorpora de manera sistemática la participación de las víctimas durante el proceso de ejecución, garantizando su derecho a ser informadas y oídas en etapas como las salidas transitorias, la libertad condicional y otras medidas alternativas. La presidenta de la Comisión de Justicia, Inés Parry, sostuvo que el proyecto “coloca a la Ciudad de Buenos Aires a la vanguardia en materia de ejecución penal”, aunque organizaciones de derechos humanos señalan que ningún avance será real sin inversiones concretas y sin un control civil robusto sobre las fuerzas de seguridad.

El proyecto también crea la Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social, un organismo que concentrará la gestión del sistema bajo conducción civil, y el Instituto de Educación, Trabajo y Formación Profesional, destinado a garantizar capacitación y empleo para las personas privadas de libertad. Sin presupuesto consolidado y en un contexto de ajuste, su funcionamiento efectivo es todavía una incógnita.

La normativa incorpora estándares internacionales claves: prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles, protección de grupos vulnerables —mujeres embarazadas, personas mayores, personas con discapacidad y colectivo LGBTIQ+—, regulación estricta del uso de la fuerza y garantías en materia de salud, educación y trabajo. Son obligaciones que la Ciudad debe cumplir, más allá de los anuncios.

El dictamen abre ahora el camino hacia el debate en el recinto. La incógnita central es si esta arquitectura normativa será acompañada por políticas reales, financiamiento y control democrático o si quedará como otro marco jurídico ambicioso que no altera la situación concreta de quienes pasan por el sistema penal porteño.