La central porteña repudió las condiciones de detención del exministro y denunció que el Poder Judicial actúa como brazo disciplinador del gobierno. Exigen prisión domiciliaria inmediata y advierten sobre un nuevo caso Timerman.

La CTA Ciudad lanzó un pronunciamiento contundente contra el tratamiento que recibe Julio De Vido, denunciando que el exministro de Planificación es víctima de un castigo político encubierto bajo decisiones judiciales que vulneran garantías básicas y exponen una lógica de tortura institucional. La organización sindical advirtió que lo que ocurre con De Vido no es un hecho aislado, sino parte de un entramado de persecución hacia referentes del campo nacional y popular.

En su comunicado, la central porteña afirmó que la condena del exfuncionario es “cuestionable” y que su ejecución actual se transformó en un escarmiento ejemplificador: un mensaje dirigido a quienes integraron gobiernos peronistas. La CTA vinculó directamente este tratamiento con los episodios que culminaron en la muerte del excanciller Héctor Timerman, acosado por la maquinaria judicial-mediática mientras su salud se deterioraba sin contemplación humana ni legal.

“En la Argentina del siglo XXI, se aplican códigos de tortura no escritos”, denunció la organización, señalando al Poder Judicial como instrumento de un revanchismo político que se profundizó con la actual orientación de gobierno. Para la central, no se trata de irregularidades aisladas sino de un plan sistemático para disciplinar y castigar a figuras del peronismo mediante procesos amañados, detenciones arbitrarias y condiciones de encierro degradantes.

La CTA exigió que se otorgue de inmediato la prisión domiciliaria a De Vido —de 75 años— y remarcó que impedirle acceso adecuado a medicación, tratamientos y alimentación constituye una forma directa de agresión física y psicológica. La vulneración de sus derechos, afirmaron, debe cesar sin demoras.

El documento lleva las firmas de Ariel E. Velázquez, Belén Sotelo, Eduardo López y Daniel Catalano, quienes adelantaron que sostendrán la denuncia pública contra lo que llaman “una práctica judicial que reedita el lawfare más brutal” y que pone en riesgo no sólo la salud del dirigente sino las bases mismas del Estado de derecho.