A 33 años de la Ley 24.185, el legado de Germán Abdala vuelve a cobrar fuerza frente a los nuevos intentos de vaciar el Estado y silenciar a sus trabajadores.

El 11 de noviembre de 1992, en pleno auge del menemismo, el Congreso Nacional sancionó la Ley 24.185, más conocida como Ley Germán Abdala. La norma, impulsada por el entonces diputado peronista y dirigente de ATE Germán Abdala, estableció por primera vez el régimen de negociación colectiva para las y los trabajadores del Estado, garantizando su derecho a discutir salarios, condiciones laborales y convenios específicos. Su sanción, en un contexto de privatizaciones masivas y desmantelamiento de lo público, representó una conquista política y sindical de enorme magnitud: una ley que afirmó que el Estado también debe ser un espacio de derechos, y no un territorio de obediencia.

La iniciativa surgió en los años más duros del proyecto neoliberal. Mientras el gobierno de Carlos Menem avanzaba con la venta de empresas estatales y la flexibilización laboral, Abdala encabezaba una resistencia que combinaba militancia sindical, lucidez política y ética pública. Desde su banca en la Cámara de Diputados, defendió una idea que hoy vuelve a ser urgente: el Estado no puede garantizar derechos si no reconoce los derechos de quienes lo hacen funcionar todos los días.

La Ley 24.185 fue, en ese sentido, una bisagra. Incorporó al Estado nacional al sistema de relaciones laborales que ya regía para el sector privado, reconociendo a las y los trabajadores públicos como actores legítimos en la negociación paritaria. Esa decisión —aparentemente técnica— implicó una definición política profunda: democratizar el Estado desde adentro, poner límites al autoritarismo burocrático y abrir espacio a la representación sindical.

Treinta y tres años después, la vigencia de aquella conquista se vuelve evidente. El actual gobierno, que reivindica la lógica del mercado y desprecia lo público, intenta reinstalar el mismo sentido común de los noventa: el Estado como obstáculo, los trabajadores como gasto, los derechos como privilegios. Frente a ese escenario, la Ley Germán Abdala sigue siendo una herramienta y una bandera. Cada paritaria estatal, cada defensa del salario o del empleo público, cada reclamo por condiciones dignas de trabajo reitera la misma convicción que animó a Abdala: sin trabajadores, no hay Estado; sin Estado, no hay Nación posible.

Germán Abdala murió joven, en 1993, a los 38 años. Pero su legado sobrevive en cada oficina, en cada hospital, en cada escuela pública sostenida por la vocación de servir. Su nombre no sólo recuerda una ley: encarna una forma de hacer política, una ética del compromiso que desafía tanto la resignación como el cinismo. Del menemismo al mileísmo, su huella resiste. Porque hay leyes que no envejecen: las que se escriben con la dignidad de un pueblo que se niega a ser mercancía.