El Poder Judicial ordenó suspender la obra en Campana 3406 ante irregularidades del GCBA y la vulneración de la protección patrimonial y la participación ciudadana.

La demolición de un chalet pintoresquista en Villa del Parque quedó frenada por decisión del juez Roberto Andrés Gallardo, quien hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, con el respaldo de organizaciones vecinales y ambientales. Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio, y María Eva Koutsovitis, del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, encabezaron la acción legal que denunció la arbitrariedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la desafectación del inmueble, cuyo valor histórico había sido reconocido oficialmente en 2014.

La revocación de la protección patrimonial en 2023 se basó en un recurso presentado por la empresa propietaria siete años fuera de plazo, aceptado por el GCBA a pesar de que el Código Urbanístico establecía la caducidad del derecho a impugnar la catalogación. El juez concluyó que el procedimiento fue “arbitrario” y que la demolición generaría un daño “irreparable” al patrimonio colectivo, mientras que cualquier perjuicio económico para el desarrollador sería temporal y reversible.

El fallo subraya que todos los organismos técnicos especializados, incluidos el Ministerio de Cultura, el CICOP y la Comisión Nacional de Monumentos, habían advertido sobre el valor arquitectónico, histórico y urbanístico del inmueble, recomendando mantener la protección. En cambio, los informes favorables a la demolición fueron presentados de forma uniforme y sin análisis propio, configurando un “vicio de motivación” que anuló la validez técnica de la resolución.

Los abogados y activistas denuncian que el GCBA primero incumplió su deber de remitir a la Legislatura el proyecto de ley para protección definitiva y luego manipuló cambios normativos a su favor para justificar la desafectación. La medida cautelar obliga al gobierno porteño a garantizar que no se avance con la demolición, suspendiendo todos los permisos de obra vinculados al inmueble.

El fallo pone en evidencia la tensión entre el desarrollo inmobiliario y la preservación histórica y reafirma que el patrimonio cultural es un derecho de la comunidad, protegido por la Constitución de la Ciudad y el Acuerdo de Escazú. Por ahora, el chalet de Villa del Parque permanece en pie, símbolo de la resistencia vecinal y de la intervención judicial frente a decisiones administrativas arbitrarias.